- CRÓNICAS DEL HIMALAYA Comparecencia esperada la del abogado de Isabel García Marcos, la ex edil del ayuntamiento de Marbella y azote del gilismo hasta que decidió pasarse en el reverso tenebroso. El letrado ha solicitado la anulación del registro domiciliario efectuado en la casa de su defendida.
GORKA ZAMARREÑO, ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA. El domicilio de García Marcos está situado en el barrio de más postín de Málaga, el Lonar, muy cerca de la casa de Jesús Ruiz, Presidente de Aifos, una de las empresas que presuntamente habría contribuido a engrosar los ahorros que la ex edil tenía depositados bajo la cama en forma de billetes de 500 euros. La cantidad aprehendida la policía ascendió a 360.000 euros fruto, según la declaración de la putada, de una herencia, los regalos efectuados los invitados a su boda y la comunión de su hija. Curiosamente todo en papel lila.
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Rueda ha señalado que el auto de registro no estaba “suficientemente motivado” y tomaba como origen la intensa actividad empresarial que algunos de los ex ediles acusados mantenían, en referencia a los supuestos sobornos que varios de los ediles cobraban a varios empresarios sentados hoy en el banquillo, conceder licencias urbanísticas y contratos municipales. Estas relaciones peligrosas quedaron reflejadas en las conversaciones telefónicas mantenidas entre la tránsfuga del PSOE y José Jaén, antiguo agente judicial en las que decía: “Yo papel que muevo papel que cobro, que yo genero plusvalías y mucho dinero”.
De conseguir el abogado defensor su propósito, las acusaciones contra Isabel García Marcos se vendrían abajo ya que también ha solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas. Rueda ha rebatido el auto del juez en el que se afirma que García Marcos “supervisaba todos los convenios urbanísticos”. Aunque nominalmente la alcaldesa era la delegada de Urbanismo, siendo Roca su asesor, de facto era García Marcos quien acudía a despachar con ambos a las oficinas de Planeamiento 2000, la empresa encargada de gestionar el PGOU.
Y es que la sépta jornada del juicio oral de la Operación Malaya ha dado para algo más que el día anterior. Marisol Yagüe llegaba tarde, como suele ser ya habitual en ella.
A pesar de la repetición de argumentos sobre anulaciones de escuchas y registros se ha podido ver en acción también al abogado de la ex edil Carmen Revilla. Su línea argumental pasa solicitar al juez que no sea tenida en cuenta la declaración de ésta en el juzgado, que, según ha señalado, hizo de manera “forzada”. “En ese instante, lo único que quería mi defendida era dar de cenar a sus tres hijos y a su madre de 80 años. Hubiera declarado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo hacía ella y que cobraba todo con tal de salir”, ha manifestado. A Revilla se le acusa de percibir de Roca 24.000 euros que utilizó para pagar la entrada de una hipoteca, a pesar de lo cual, su abogado ha insistido que cuando hizo la declaración, en la que reconoció, entre otras cosas, haber recibido dicha cantidad de dinero del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, “no era consciente de lo que suponía”, ello “quiere pedir disculpas a su familia, a sus compañeros, a las familias de sus compañeros y a aquellas personas que han podido sufrir una declaración que ella hizo de toda manera forzada”.
La defensa, además de adherirse a todas las cuestiones previas ya planteadas, ha pugnado también el auto de registro y ha solicitado que toda la documentación obtenida y los 9.000 euros intervenidos de manera “ilícita” sean excluidos del proceso, al tiempo que ha alegado que la cadena de custodia “ha sido rota”.
