- El fiscal del caso Malaya, Juan Carlos López Caballero, delegado de la Fiscalía anticorrupción en Málaga ha dispuesto de casi toda la novena jornada del lunes para refutar las acusaciones lanzadas los abogados de los encausados.
GORKA ZAMARREÑO (ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA) De esta manera, el ministerio fiscal ha comenzado su alocución recordando que “no existen espacios para la punidad” en torno al acróno J.A.G. iniciales que la defensa de Sandokán habían relacionado con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González. Las diligencias previas concluyeron en su momento con “un sobreseiento y archivo” ha matizado el letrado.
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Así mismo, el representante del ministerio público ha señalado que el caso Malaya es “una instrucción en un 99 ciento convalidada el órgano al que correspondía”, tanto el juzgado instructor como la Audiencia de Málaga, y ha manifestado que la cadena de custodia de los documentos y los archivos informáticos intervenidos en los registros estuvo “garantizada”.
De este modo López Caballero comenzaba su respuesta en una jornada que veía repetirse el ritual que se ha convertido en norma durante este mes de sesiones. Los acusados y abogados acuden presurosos a los juzgados. Rafael Gómez (Sandokán) pese a venir todos los días de Córdoba es el prero en llegar repartiendo sonrisas y apretones de manos entre quienes se acercan a saludarlo, ejemplo de ello deberían tomar Marisol Yagüe, puntual penitente o Jenaro Briales del que desconocemos si la expresión de mala leche que lleva instalada en el rostro de manera permanente se debe a su moreno carcelario o al fin de su época de rico del pelotazo.
El fiscal, en una intervención repetitiva y monocorde, pero bien fundamentada jurídicamente, ha defendido la instrucción llevada a cabo el juez Miguel Ángel Torres y ha indicado que la cadena de custodia, en relación al CD donde se grabaron los archivos de Maras, ha “estádo perfectamente asegurada”, ya que “quien recibe los distintos efectos es la Policía Judicial” una de cuyas atribuciones y bajo el amparo del juez de instrucción, es ser depositaria de dichos materiales, lo que “no ha habido ruptura” y, tanto, la prueba obtenida es “totalmente válida y correcta”. En este sentido, López Caballero ha apuntado que “no hay prueba alguna” de una posible manipulación y ha precisado que los documentos “no se los llevan personas ajenas a la investigación y los custodian desde su casa, se los lleva la Policía Judicial y los conserva en dependencias policiales bajo disposición de la autoridad judicial o el ministerio fiscal”.
Así mismo, López Caballero ha insistido en que la mayor parte de las alegaciones “han sido revisadas” la Audiencia, y que en la mayoría de los casos se “ha convalidado” las resoluciones de los instructores lo que no hay lugar para las recusaciones o el intento de anulación de registros y las detenciones que “ya en su momento” fueron desestadas el TSJA.
Con contundencia la fiscalía ha querido zanjar las dudas sembradas en sesiones anteriores, “parece que esto se obvia cuando se dice toda esta catarata de descalificaciones”, y ha puntualizado que el sentido de esta fase de la instrucción se dedicaba a “debatir artículos de previo pronunciamiento y todas aquellas infracciones de derechos fundamentales que no hubieran sido objeto de pronunciamiento”, indicando que “parece que asistos a una especie de adenda y se han repetido hasta la saciedad cuestiones que ya han sido resueltas”.
