- Juan Godino, el presidente del Tribunal encargado de juzgar el caso Malaya ha suspendido las sesiones del juicio oral durante 20 días, tiempo que se tomará la sala para decidir sobre las cuestiones previas planteadas defensas y acusaciones.
GORKA ZAMARREÑO (ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA) La intención del magistrado es retomar el juicio el próxo 22 de noviembre emitiendo un auto sobre lo visto hasta el momento. Esto supondrá un alivio para quienes tienen que acudir durante tres días laborables a los juzgados de Málaga, en especial quienes se desplazan desde Madrid. Este el caso de Monserrat Corulla, a la que pudos ver la noche del lunes asistiendo al pase de Wall Street II en unos céntricos cines malagueños. Discreta y acompañada un varón de unos 50 años de aspecto desaliñado, la abogada madrileña seguramente recordó sus días de tiburón de los negocios a las órdenes de Roca. A buen seguro que Corulla comparte filosofía de vida y más que posiblemente, destino con el protagonista del filme, Gordon Gecko.
La déca sesión del juicio ha supuesto el turno de las acusaciones particulares y populares representadas el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria. Alberto Peláez, que representa los intereses del consistorio marbellí destacó el gran valor del testonio del funcionario marbellí Jorge González y que supuso el inicio de las investigaciones que desarticularon la trama de corrupción urdida en torno al consistorio marbellí. La actuación del letrado ha sido mediocre y se ha echado en falta que no mencionase las cantidades que el consistorio marbellí reclama en concepto de indemnizaciones y que su alcaldesa, Ángeles Muñoz ha cifrado en 4.000 millones de euros.
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Especialmente explícito ha sido con la defensa de la ex concejal María José Lanzat a la que ha espetado que “no hacer nada” no la libera de culpa ya que como servidora pública al igual, que el resto de sus compañeros, estaba en obligación de denunciar los hechos que estaban ocurriendo en el ayuntamiento de Marbella.
José Manuel Delgado, letrado que representa a la Junta de Andalucía ha defendido el derecho de personación de la Institución al ser “acreedor” del Ayuntamiento de Marbella al no haberse satisfecho puestos en concepto de IRPF que demandaban al municipio costasoleño. La administración autonómica también ha incidido en el “interés” de su representado en obtener indemnizaciones de los acusados.
El turno la ha cerrado el letrado del Estado en representación de la Agencia Tributaria, Javier Ortiz, que se ha adherido a la defensa efectuada sus compañeros del proceso, solicitando el rechazo de todas las cuestiones previas planteadas las defensas. Así mismo ha recalcado que los delitos fiscales cometidos los acusados “no han prescrito”.
