- La familia del cámara José Couso asesinado en Bagdag en 2003, ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid la posible existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración Central del Estado y altos cargos gubernamentales españoles y funcionarios de Estados Unidos.
Basándose en los cables de Wikileaks del departamento de Estado de Estados Unidos, publicados El País entre los días 29 de noviembre y 5 de diciembre de 2010, la familia Couso denuncia la intervención de Estados Unidos en el caso Couso mediante presiones al Gobierno y su consiguiente repercusión en la decisión de la Audiencia Nacional de archivar el caso hasta en dos ocasiones.
Tal y como se expone en los hechos de la denuncia, miembros de la Embajada estadounidense en España mantuvieron reuniones con miembros del Gobierno de Zapatero y de la Justicia española para evitar que prosperase el caso Couso que plica a tres militares estadounidenses.
En los cables de Wikileaks se menciona a diferentes miembros de la diplomacia estadounidense como el Secretario de Estado Collin Powell, la Secretaria de Estado Condolezza Rice, el encargado de negocios de la Embajada Robert Manzanares, el embajador Eduardo Aguirre y el segundo de la Embajada Hugo Lloréns. También están plicados miembros del Gobierno como la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, la que fuera Directora General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, el entonces Secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y el ex Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores Bernardino León. Así como miembros destacados de la Justicia española como el Fiscal General del Estado Conde Pumpido, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez.
De estos cables se extrae que Estados Unidos mantuvo conversaciones con el Gobierno y la Justicia para archivar el caso. Estados Unidos reconoce la presión que se está haciendo sobre el Gobierno español, que muestra su disposición a colaborar con Estados Unidos. La Justicia española también se pone de su parte, sobre todo Conde Pumpido que se compromete con el caso dando incluso consejos a Aguirre para que atienda las peticiones del Juez Pedraz para minar sus argumentos de que Estados Unidos ‘no estaba colaborando’.
Por todo ello la familia Couso considera que ha habido una posible violación del secreto de sumario parte de funcionarios, que se ha dificultado que el caso siga su curso de manera extraprocesal, que se ha dado asesoramiento jurídico a una potencia extranjera que sin ser parte del juicio ha defendido a tres ciudadanos de su nacionalidad y que funcionarios encargados de perseguir delitos han dejado de hacerlo. Recuerda también que nuestro ordenamiento crinal persigue a quienes ayudan a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura. De tal modo que piden la investigación de los hechos y la participación de las personas indicadas en la denuncia.
Seguiremos informando…
