- CRÓNICAS DEL HIMALAYA Tras más de un mes en suspenso, la causa de abierta la corrupción en Marbella ha retomado el pulso. La sala, abarrotada los acusados con rostro circunspecto debido a la férrea oposición del Tribunal a admitir las cuestiones previas de los defensores, ha comenzado con el turno de declaraciones.
GORKA ZAMARREÑO (ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA) Juan Germán Hoffman, abogado de origen alemán, considerado testaferro de Juan Antonio Roca, ha identificado al principal acusado en el ‘caso Malaya’ como uno de los tomadores de la sociedad Lispag A.G., constituida en Suiza en 2001 para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús. Hoffman es uno de los hombres interpuestos que Roca utilizó para adquirir un yate y del cual se sirvieron otros socios del político para hacerse con la propiedad de un jet privado.
El terreno, de naturaleza comercial, pasó de 500 metros cuadrados de edificabilidad a 11.000 metros cuadrados tal y como ha reconocido el acusado. El beneficio generado pasó de 2,8 millones de euros a los 10 millones que llegó a pagar José Avilas Rojas dicha parcela una vez recalificada. El promotor se encargaría de pagar los puestos de la transacción. El ayuntamiento de Marbella recibió como compensación 240 millones de las antiguas pesetas (pagadas al margen del acuerdo con la socidad que vendía los terrenos), una cantidad considerada como “excesiva” Hoffman que se embolsilló algo más de 1 millón de euros como intermediario. Sin embargo, el mayor beneficiario de la operación fue Pedro Román que se embolsó el 62 ciento de la venta.
Los capitales se movieron entre varios paraísos fiscales (Liechtenstein, Libano y Suiza) plicando al constructor granadino, al ex comisario de policía Florencio San Agapito y el ex prer teniente de alcalde, Pedro Román, su hija, Pilar Román, el ex alcalde, Julián Muñoz y el gerente de Planeamiento 2.000, Juan Antonio Roca.
Asismo, ha precisado que sabía que la edificación fue paralizada los tribunales “que probablemente no se ajustaba a la legislación urbanística que se consideraba vigente en aquel momento, pero el caos era total” y ha apuntado que no conocía que no se podía conceder licencia hasta que el planeamiento no estuviera aprobado, aunque ha incidido en que era práctica habitual “no sólo gente en Marbella sino en toda España” el firmar convenios.
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