- CRÓNICAS DEL HIMALAYA Pedro Román es uno de esos tipos seguro de si mismo. Es de la opinión de que quienes le rodean no alcanzan a entender sus aptitudes intelectuales.
GORKA ZAMARREÑO (ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA) Con un aspecto que recuerda a los mejores tiempos de Christopher Lee cuando interpretaba al Conde Drácula, el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella en época de Gil, ha responsabilizado a los técnicos de Planeamiento 2000, cuyo gerente era Juan Antonio Roca, de realizar las recalificaciones necesarias para que los terrenos que adquirieron duplicasen su valor en la segunda jornada del juicio de la Malaya centrada en caso “Crucero Banús” La desfachatez de la ex “sonrisa del régen” ha llegado cuando ha solicitado a los abogados del Ayuntamiento de Marbella la devolución de los 240.000 euros que se pagaron los aprovechamientos municipales y que no se pudieron hacer efectivos al paralizarse las licencias concedidas. Los aprovechamientos habían sido tasados en 1,44 millones de euros pero sólo se hizo efectiva una pequeña parte, siendo evidente el daño patronial provocado al municipio. Se olvida de citar Román, que dicha parcela, licencia y aprovechamientos fueron vendidos al promotor José Avilas Rojas, como indicó en su declaración de ayer, uno de sus socios, Juan Hoffman.
Con ese punto de chulería calculada disfrazada de cortesía y manifestando “no acordarse” o “no saber” de lo que se le interroga, Román ha manifestado que desconocía que Juan Antonio Roca formase parte de la sociedad, Yambali, S.L. adquirida para hacerse con los terrenos que luego serían vendidos al promotor granadino. A pesar de ello, Román se mostró muy molesto en el interrogatorio con la pretensión del Ayuntamiento de cobrar los aprovechamientos al precio de 1,44 millones de euros. “Jesús Gil me dijo que el tema lo llevaba Roca y cuando hablé con éste me dijo que o lo tomaba o lo dejaba”. Curiosa respuesta para alguien que compartía el mismo negocio y que se benefició del pelotazo de 6,3 millones de euros, aunque el ex edil intentó exonerarse declarando que “yo a Roca le pregunté si sabía de alguien que pudiera participar con un 15%, me dijo que tomaba nota y luego ya supe que era él”.
Román a eludido situar a Roca en la operación para obtener las correspondientes licencias urbanísticas y ha declarado que “serían los técnicos de Planeamiento 2000 los que se encargaron de ello”. Curiosamente, Román fue quien se ocupó de poner en pié el entramado societario de Gil en el Ayuntamiento. Fue el firmante de la escritura de constitución de Planeamiento 2.000, figurando como Presidente de dicha sociedad municipal y que tenía a Roca como Gerente plenipotenciario.
Anticorrupción aprecia en esta operación, autorizada Julián Muñoz, delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales y delitos fiscales. Román se enfrenta a peticiones de 21 años de cárcel y a una multa de 14 millones.
