El Ministerio de Industria ha abierto un concurso un te de cinco millones de euros para elegir a una empresa que se encargue del seguiento, control e inspección de las radios y las televisiones. Miguel Ángel Cortés, tavoz del PP en Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, ha calificado este concurso como ‘la evidencia del fracaso de la política audiovisual del Gobierno’.
Europa Press adelantaba el pliego de condiciones del contrato. En él se explica que una empresa externa se hará cargo del control y seguientos de los contenidos de radios y televisiones, una actividad que según el Ejecutivo, no puede ser realizada la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que ‘no tiene los medios técnicos y humanos para hacerlo’. La empresa estaría al frente de esta tarea mientras se crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en Ley General de Comunicación Audiovisual. El contrato sería de dos años de 2012 a 2014 aunque se podría prorrogar.
prnoticias ha querido hablar con los dos partidos mayoritarios para conocer su punto de vista sobre este concurso. Desde el PSOE nos han remitido al Ministerio de Industria, donde no hemos tenido respuesta. No obstante, en Europa Press fuentes no identificadas de esta cartera han explicado que este concurso es 300.000 euros más barato que el últo que se convocó. Estas fuentes indican que el últo concurso fue de 2,8 millones de euros, mientras que el presupuesto máxo de licitación del concurso convocado este año es de 2,5 millones de euros.
En conversación con Europa Press, las mismas fuentes han precisado que los cinco millones de euros recogidos en el pliego de cláusulas administrativas del concurso como valor estado del contrato, que cubre los años de 2012 a 2014, incluye una posible prórroga de dos años más, hasta el año 2016, pero desde Industria se ha asegurado que ‘no hay intención de prorrogar’ el contrato, lo que el coste del servicio sería de 2,5 millones de euros.
Una operación que sin embargo el Partido Popular no ve con buenos ojos. Miguel Ángel Cortés, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular para Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información considera que este concurso es ‘una evidencia más del fracaso de la política audiovisual de este Gobierno’. Y asegura que la Ley Audiovisual se convirtió en una apuesta personal de María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta prera del Gobierno, con la que ‘en lugar de ayudar a solucionar las cosas, las ha empeorado’.
Mantiene que uno de los principales problemas de esta norma es su carácter sancionador. Contempla unos comtamientos denominados ‘muy graves’ que pueden conllevar sanciones económicas, de incluso un millón de euros o el cierre de la emisora. Los populares critican que una competencia que correspondía a los jueces se les ha sustraído para prero otorgársela a un órgano administrativo el CEMA y luego para pasársela a una empresa privada.
Pero no es su única crítica. Miguel Ángel Cortés mantiene que el Gobierno ha vuelto a mentir ya que aseguró que el CEMA no supondría gastos que su personal saldría de la propia Secretaría de Estado. ‘Ahora no tienen personal en la Secretaría de Estado y tienen que subcontratarlo. Además con un personal que en algunos casos tendrán cualificación y en otros será becarios, que van a estar viendo los contenidos de las televisiones y apreciando conceptos jurídicos indeterminados como si incitan al odio o a la discrinación’, detalla. Para los populares esto representa ‘el ejercicio de la censura’ y ‘la voluntad del control de los medios como le gusta al PSOE’.’ A los medios favorables vamos a ayudarles a que ganen un dinero y a los que no lo son, vamos a ello’, sentencia.
En cuanto al qué se ha tomado esta postura en este momento, desde el PP afirman que ‘debe ser que saben que se van a ir y quieren deja a alguien favorecido. Es la clásica medida de un gobierno sin decencia con ganas de aprovechar lo poco que les queda de poder’.
Por otro lado, Cortés ha subrayado que si llegan al gobierno modificarán la ley para que al mismo tiempo que garantice los derechos y las libertades, tanto de los operadores como de los espectadores; que se contemple las nuevas realidades como puede ser la televisión de movilidad, intet, el problema de las radios… Es decir, modernizar una ley que ha nacido desfasada que según Cortés lo único que le interesaba a De la Vega ‘era el control de los medios y el intercambio de favores a cambio de ayudas’.
EL COAN DESAPARECE
La misma semana en el que se habla de adjudicar a una empresa privada el control y seguiento de las radios y televisiones se ha aprobado la disolución del Consejo Audiovisual en Navarra y del Consejo Audiovisual de RTVE en la Comunidad. Esta medida está dentro de la política de reducción de gastos que ha puesto en marcha el gobierno autonómico. A pesar de que este es el argumento principal para cerrar el CoAN, desde este Consejo aseguraban que su cierre no supondrá un gran ahorro para el gobierno que sólo se llevan el 0,01% del Presupuesto General de Navarra para 2011.
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