10/01/2011 BOLIVIA 1.201 SUSCRIPTORES Organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa condenaron la promulgación del Reglamento a la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discrinación que tuvo lugar el pasado 5 de enero.
El sector manifestó que la ley busca controlar el trabajo de periodistas y medios de comunicación y coartar la libertad de expresión, opinión y prensa. Las organizaciones rechazaron que para su redacción no se contase con la participación de las principales organizaciones de la prensa de Bolivia.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), señalaron en un documento que el reglamento, además, viola la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, y atenta contra el derecho al trabajo de los periodistas y de los trabajadores de la prensa.
‘Así como la suma de dos errores no da como resultado un acierto, se puede asegurar que el paso del tiempo ni la aprobación de un reglamento pueden enmendar el defecto anticonstitucional y atentatorio contra la libertad de expresión que acarrea en su seno algunos artículos de la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discrinación, expresa el texto.
Asismo, apuntan que el gobierno usa el eufemismo de ‘inhabilitación temal de funcionamiento’ de los medios de comunicación para ocultar su intención política de amordazar a la prensa y penalizar la labor de periodistas que, según al artículo 23 de la mencionada ley, serán procesados penalmente como cualquier delincuente, sin tomar en cuenta que según la Ley de Imprenta, en plena vigencia según el presidente Evo Morales, los delitos de prensa se procesan en un Tribunal de Imprenta.
Este reglamento también viola el artículo 107 de la Constitución que establece claramente que los medios de comunicación y periodistas fiscalizan su labor medio de la ‘autorregulación’, mecanismo que ha sido puesto en práctica entre otras instancias a través de los tribunales de ética periodística con resultados comprobables mucho antes de la aprobación de la Ley 045.
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