Hace unas semanas, los medios de comunicación se hacían eco de una noticia, según la cual los coches oficiales, pertenecientes al gobierno central, habían acumulado durante 2009 más de 1.370 infracciones de tráfico, sin que dichas transgresiones se saldaran con sanciones de tipo alguno, quizá aquello de que su ejecución resultaría un ejercicio absurdo dado que la cantidad de la multa sería ingresada en la misma caja de donde salió.
Lo curioso de la noticia, es que termina en el número de infracciones, sin que los medios hayan profundizado en la sanción que habrían merecido dichas faltas o delitos, lo que hace suponer que estas no tuvieron castigo alguno o lo que es lo mismo, que se otorga carta de naturaleza a que la vicepresidenta de turno o el servidor público con coche oficial sigan delinquiendo y practicando el “písale Mariano que llegamos tarde”.
Hablando como estamos hablando de servidores públicos, obligados como están a cumplir como el que más con las normas que regulan el tráfico o cualquier otro precepto legal, no parece de recibo que tengan un trato distinto al del resto de los ciudadanos con lo que ello supone de desprecio a uno de los preceptos constitucionales más básico: la igualdad de todos los españoles ante la Ley. (Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrinación alguna razón de naciento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Articulo 14, Capitulo Segundo. Constitución Española 1978).
Este, como otros muchos asuntos cotidianos que forman parte de ese submundo del “chocolate del loro”, del que cada vez se benefician más loros, no deja de ser un exponente más de la baja calidad de nuestro sistema democrático, que lejos de perfilarse con las grandes cuestiones de estado, se debería alentar de pequeñas y cotidianas cosas como esta que nos ocupa.
La Democracia se basa, entre otras cosas, en el respeto a las minorías y a las normas –no necesariamente grandes leyes que conforman nuestra vida en común y nuestra convivencia. Pero lo realmente grave es que en un año más de 1.370 de servidores públicos han sido cazados in fraganti vulnerado la norma, delinquiendo, directa o indirectamente, sin que sean castigados ello.
No merecen que el sistema les encubra, como el sistema no encubre a los ciudadanos de a pie cuando en tono amenazante les envía a su domicilio un escrito en donde se les comunica que su nombre se ha publicado en el correspondiente Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico haber excedido en 6 kilómetros la velocidad permitida, en lo que el sistema califica como infracción “grave”.
La corrupción empieza ahí
Carlos Díaz Güell
Consultor en comunicación empresarial, editor y profesor de la UCM
