- CRÓNICAS DEL HIMALAYA Las últas sesiones del juicio de la operación Malaya han discurrido entre el tedio de los periodistas y los rabiosos interrogatorios al que han sido sometidos los peritos parte de los abogados de las defensas.
GORKA ZAMARREÑO (ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA) Perdidas las esperanzas de poder escurrir el bulto tras las lapidatorias declaraciones de las abogadas del ex gerente de urbanismo, Juan Antonio Roca que lo hacen responsable de pergueñar el urbanismo marbellí, el único recurso de los letrados ha sido tratar de demostrar la inexistencia de un pelotazo en la operación Crucero Banús.
El lunes sorprendió con la presencia de los 95 acusados que fueron citados Godino, presidente del Tribunal, para efectuar un control rutinario. Caras de póquer y resignación franciscana entre los presentes que tuvieron que aguantar algo más de dos horas de discusiones numantinas. Una realidad muy diferente a la reflejada el caricaturesco serial de TVE, tiros incluidos.
La semana, a parte de peritos de la Agencia Tributaria, ha contado con la declaración del que fuera jefe de los servicios técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, el arquitecto Francisco Merino, putado en el caso “saqueo 2” de Marbella y al que la fiscalía pide 7 años de prisión. En su intervención afirmó que sus atribuciones se circunscribían a emitir informes sobre las licencias de obras y que tenían «orden expresa de la Alcaldía» de hacerlo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y sobre el texto refundido del plan en trámite de revisión de 1998. En el caso concreto de la licencia de “Crucero Banús” otorgada en febrero de 2003, Merino aseguró que no se ajustaba a ninguna de las dos normativas.
Así, afirmó que el proyecto no se adecuaba al plan de 1986, ya que «la parcela estaba calificada para uso comercial con una edificabilidad mucho más pequeña que la fijada en el proyecto». Añadió que tenía una parte calificada como zona verde y que presentaba «deficiencias» con respecto a la revisión del plan de 1998, lo que tampoco se ajustaba a éste.
En resumen, las defensas han empleado 20 horas en intentar desacreditar a los expertos de la agencia tributaria. Si tenemos en cuenta que se ha solicitado la presencia de 50 testigos y peritos y que todavía han declarado 7 y que son 95 los putados, la previsión de que la fase oral del juicio dure un año se podría quedar muy corta. El lunes se reanudará la vista oral previsiblemente con la declaración de policías de la unidad de delitos económicos y fiscales.
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