La reciente sentencia que ha declarado ilegal la huelga salvaje que protagonizaron los sindicatos del metro de Madrid, los mismos que amenazaron con reventar y reventaron la ciudad el pasado mes de junio, y que consiguieron cerrar el metro durante 48 horas, va a marcar un antes y un después en el ejercicio del derecho de huelga, pues prera vez en la historia un juez declara ilegal una huelga. La sentencia del juzgado de lo social de Madrid es de tal contundencia que no deja lugar a dudas: considera que el servicio que presta el metro es esencial para los ciudadanos y tanto, no puede quedar lesionado o puesto en peligro cualquier situación de huelga. La magistrada, además, califica de extralitada y desprocionada la actuación de los sindicatos responsables del paro. La sentencia detalla cómo durante el 29 y el 30 de junio “miles de ciudadanos se vieron pedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, lo que produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transtes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro”. Como consecuencia de este pulso de los sindicatos, 3,5 millones de viajeros se quedaron bloqueados durante esos dos días; la compañía perdió 5,7 millones de euros ingresos directos y, además, se generaron unas pérdidas totales de 4,7 millones. Verdaderamente pusieron la ciudad de Madrid patas arriba. Viendo el daño causado, la lectura de esta ejemplar sentencia, que pone a cada uno en su sitio, ayuda a devolver la confianza en la justicia. Los sindicatos deberían leerla con deteniento y extraer sus conclusiones, la prera y más tante, asumir que un derecho que se ejerce de forma abusiva o antisocial no está amparado la Ley. El fallo no pone en cuestión el derecho a la huelga, pero no deja resquicios en el ordenamiento jurídico para una huelga ilegal. Quienes la convoquen deben saber que el enorme daño provocado no les saldrá gratis. Aunque en este caso la huelga del metro era más política que de reivindicación laboral, pues lo que verdaderamente perseguía era poner contra las cuerdas a Esperanza Aguirre, pero los dirigentes sindicales se lo pensarán dos veces antes de volver a convocar una huelga salvaje. Ahora tendrán que hacer frente a la reclamación económica los daños provocados. Se ha acabado el tiempo de sufrir sin pestañear los pulsos de ciertos colectivos cuya fuerza reside en el control que ejercen sobre servicios esenciales. Una sentencia ejemplar.
Alberto Castillo
Director de Gente en Madrid
