15/02/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES El Comité para la protección de los periodistas (CPJ) publicó hoy su informe sobre los ataques a la prensa latinoamericana en 2010. El coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, aseguró que el pasado año estuvo protagonizado el ‘retorno de la censura’ en el continente.
Lauría analiza, países, la situación preocupante que atraviesa el continente. En Brasil, recuerda el caso de la familia Say. Cuando el diario O Estado de Sao Paulo publicó en junio de 2009 informaciones que vinculaban al titular del senado y ex presidente José Say con un escándalo de corrupción, su familia recurrió a un juez de Brasilia del que obtuvo una orden judicial que pidió al periódico publicar cualquier informe sobre dichas acusaciones. A finales de 2010 la orden seguía vigente, a pesar de las numerosas protestas, y no se espera una resolución firme hasta mediados de este año. Este caso es una muestra de los mecanismos de censura puestos los tribunales brasileños, a pesar de que la Constitución carioca garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura. En los últos años, cientos de demandas ofensas al honor y la privacidad de políticos y empresarios han engrosado los expedientes judiciales del país con la intención de que se prohíba a los acusados publicar más información y se les obligue a retirar el material ofensivo.
Las decisiones judiciales afectaron también a la prensa venezolana. Los tribunales del país prohibieron que los medios locales publicaran ágenes de crímenes violentos en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre. La prohibición afectó especialmente al diario El Nacional, cuyas fotografías de la morgue de Bello Monte fueron censuradas. La decisión se suma a la elinación de emisoras de radio y televisión críticas con el ejecutivo de Hugo Chávez. En diciembre, la Asamblea Nacional creó nuevas leyes que otorgaban al gobierno más libertad de acción para revocar licencias. ‘El gobierno ha logrado silenciar gradualmente las voces críticas a través de una campaña de intidación selectiva, el uso discrinatorio de recursos del estado y el cierre de emisoras independientes’, afirmó Phil Gunson, veterano corresponsal de la revista The Economist y el diario The Miami Herald.
El 30 de septiembre, durante el intento de golpe de Estado a Rafael Correa, el gobierno ecuatoriano ordenó que las cadenas de radio y televisión detuvieran su programación para retransmitir exclusivamente la señal del canal estatal Eucador TV que realizó una cobertura desde el punto de vista gubernamental, mostrando entrevistas con funcionarios. Además, el ejecutivo de Correa censuró en varias ocasiones al canal crítico Teleamazonas. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, aseguró que ‘en el actual cla, se ha vuelto muy difícil para los periodistas trabajar libremente sin interferencia del gobierno’ y que ‘existe mucho mayor acoso oficial contra la prensa crítica y los periodistas están recurriendo a la autocensura’.
La autocensura, en esta ocasión temor a la violencia, también se afianzó México y Centroamérica debido al auge del cren organizado, la corrupción y la falta de orden público. Una autocensura generalizada ha sido la devastadora consecuencia de la violencia letal ejercida los carteles de la droga y los grupos crinales. Decenas de asesinatos y desapariciones, ataques con bombas y múltiples amenazas han llevado a periodistas y medios de prensa mexicanos a abandonar no sólo el periodismo de investigación, sino también la cobertura informativa básica sobre el cren. En zonas donde grupos de narcotraficantes rivales se disputan territorio, los periodistas se han visto obligados a escribir lo que los crinales ordenan o splemente han dejado de informar. ‘Se ha acuñado una nueva palabra en el léxico de la guerra contra el narcotráfico en México: la narcocensura’, señaló el diario Los Angeles Tes en un artículo publicado en agosto. Uno de los estados donde esta situación se refleja con más evidencia es Tamaulipas, donde el cártel del Golfo ordena qué se puede publicar y qué no.
Organizaciones crinales y la punidad han obligado a la prensa a silenciarse también en otros países de América Central. Al igual que en México, varias áreas de Honduras están fuera del control de las autoridades. La ola de violencia que atraviesa el país se saldó en 2010 con la muerte de nueve reteros, lo que ha promovido la autocensura en los medios locales. Las autoridades hondureñas han minizado los crímenes y se han mostrado negligentes en la persecución de sus autores. En julio, un informe especial del CPJ reveló que el gobierno del presidente Porfirio Lobo estaba fomentando un cla de intidación y censura, al permitir a los crinales asesinar con punidad.
La autocensura fue dominante en Colombia durante el conflicto civil que duró cinco décadas y en el que los editores temían represalias de todos los actores armados. Al inicio de los años 80, durante el auge de los carteles de la droga colombianos, los medios locales unieron fuerzas para investigar y denunciar la violencia crinal de los capos del narcotráfico. Tanto la violencia como la autocensura han retrocedido en Colombia en la últa década, aunque sigue siendo uno de los países del mundo más peligrosos para la prensa.
Carlos Lauría recuerda que, aunque la situación es preocupante, no se alcanzan los niveles de la época de las dictaduras militares cuando los periodistas eran ‘desaparecidos’ y las fuerzas armadas determinaban qué podía informarse. ‘Como testigo de los efectos de la censura en los años 70 y 80, tan flagrante como pavorosa, tengo la sensación de que la censura de hoy es mucho más insidiosa’, indicó June Carolyn Erlick, ex corresponsal en Latam y actual directora de publicaciones en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. ‘Uno nunca sabe de dónde proviene la censura, si a través de amenazas, ataques en las calles, nuevas leyes, o falta de acceso a la información. Las amenazas siempre están allí y a veces conducen a la autocensura inclusive antes de que la censura comience’, apuntó.
Tras las dictaduras, mientras el resto de la región registró profundos cambios en las últas tres décadas, el gobierno cubano conservó su estricto régen de censura. La constitución del país otorga al Partido Comunista el derecho a controlar la prensa; reconoce la libertad de expresión y de prensa ‘conforme a los fines de la sociedad socialista’. Todos los medios funcionan bajo la supervisión del Departamento de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista, que desarrolla y coordina estrategias de propaganda. Los periodistas independientes son hostigados, detenidos, encarcelados o se les prohíbe viajar al exterior. Durante gran parte de la últa década, Cuba ha figurado entre los países con mayor número de periodistas encarcelados en el mundo.
El consiguiente aumento en el nivel de censura, ya sea producto de la represión gubernamental, la interferencia judicial, o bien la intidación de grupos crinales, está socavando la capacidad de la prensa latinoamericana para cumplir con su labor informativa. A medida que el número de voces críticas y el periodismo de investigación se reducen, los temas de tancia internacional como el narcotráfico, la corrupción y los abusos a los derechos humanos están recibiendo poca cobertura o ni siquiera son cubiertos la prensa.
Seguiremos informando…
