01/04/2011 PRLATAM 115.492 SUSCRIPTORES El presidente de Ecuador, Rafael Correa, interpuso una demanda injuria calumniosa de 80 millones de dólares esta semana contra el diario opositor El Universal; su editor de Opinión, Emilio Palacio; y los directivos César, Carlos y Nicolás Pérez Barriga. Además, pidió una indemnización de diez millones de dólares a los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro ‘El Gran Hermano’.
La relación de Correa con los medios críticos con su gestión nunca ha sido buena, pero en las últas semanas la brecha se está haciendo más profunda. El pasado jueves El Universo, periódico de mayor circulación de Ecuador, rechazó la demanda interpuesta el mandatario en un comunicado. Además, de los 80 millones de indemnización, el presidente ecuatoriano pide tres años de cárcel a los querellados una columna de opinión firmada Emilio Palacio y publicada el pasado 6 de febrero, referente a las acciones de Rafael Correa durante el intento de golpe de Estado del pasado 30 de septiembre. En el artículo se señala: ‘El Dictador debería recordar, últo, y esto es muy tante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente’, una afirmación que el dirigente considera falsa y un ataque a su honra.
El presidente advirtió, en relación a las demandas contra El Universo, que no está bromeando. ‘No estoy bromeando, lean la Constitución: Todos tenemos derecho a la honra, al buen nombre, y no es que se exceptúa el insulto o difamación al presidente de la República parte de cualquier periodista y editorialista’, dijo y añadió que no permitirá que la prensa afecte su honor o a su familia, ni que tergiverse la rebelión policial del 30 de septiembre pasado. ‘Un editorial afirma, que eso no es opinión, que yo ordené disparar a discreción, sin previo aviso, en un hospital lleno de civiles. Eso es asesinato y tendrán que demostrar ante las cortes lo que están diciendo’, manifestó.
Pero Correa no ve enemigos solo en el periódico El Universal. El mandatario demandó la semana pasada a los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón su libro ‘El Gran Hermano’, en el que se asegura que el hermano del presidente, Fabricio Correa mantenía contratos con el Estado unos 170 millones. La indemnización solicitada en este caso es de diez millones daño moral. La investigación a la que hace referencia el libro fue publicada el diario Expreso en junio de 2009 y se asegura que el gobernante era consciente de los contratos de su hermano antes de que el caso saliera a la luz, algo que él ha negado reiteradamente, a pesar de las acusaciones de Fabricio Correa. Rafael Correa señaló que no enjuiciará a su hermano ‘ respeto a mi madre’, pero sí a los periodistas.
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez, opinó a BBC Mundo que ‘la intención con estas demandas es clara: poner miedos o amedrentar a los periodistas’ y apuntó que ‘lo que está en riesgo es la libertad de expresión’. La pugna entre el presidente Correa y la prensa no es nueva. De hecho, con la demanda a El Universo, ya son 18 los juicios pulsados el ejecutivo contra periodistas y propietarios de medios desde 2007 cuando Correa llegó al poder. En ese mismo año, el mandatario demandó al diario La Hora un artículo de opinión en un proceso que finalmente fue archivado. Rafael Correa ha señalado a periodistas y medios con calificativos como ‘prensa corrupta’ y ‘sicarios de tinta’, y su gobierno ha emitido innumerables cadenas de radio y televisión para criticar a periodistas y rechazar informaciones de prensa.
El Comité para la protección de los periodistas (CPJ) pidió a Rafael Correa que retire la a El Universo demanda de inmediato y que adecúe la ley ecuatoriana a las normas internacionales en materia de libertad de expresión. ‘Cuando inició su carrera política, Rafael Correa eligió en forma voluntaria ser sometido a la crítica y al escrutinio público’, indicó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. ‘Es indignante que el presidente coloque su propia reputación delante del interés nacional de asegurar un vigoroso debate público’.
Las demandas coinciden en el tiempo con el debate de las diez preguntas que formarán parte del referéndum del 7 de mayo, entre las cuales se consulta si se debe prohibir que los dueños de empresas de comunicación privadas tengan acciones en negocios fuera del ámbito comunicacional, y si debe existir un Consejo de Regulación ‘que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores’.
Más allá de las persecuciones a la prensa originadas desde el gobierno, la situación de los periodistas ecuatorianos no es buena. El pasado 24 de marzo, un grupo de periodistas conformado David Torres, de Gama TV; Washington Benalcázar, corresponsal de diario El Comercio Imbabura; Christian Tinajero, de Ecuavisa; y Enrique Portilla de RTS, fueron agredidos comuneros indígenas y se les pidió cubrir una asamblea pública en la localidad de El Topo, 95 kilómetros al norte de Quito. Dos días antes, el 22 de marzo, el periodista Antonio Medrano, corresponsal de diario ‘El Universo’ y diario ‘Súper’ en la ciudad de Babahoyo, fue amenazado de muerte, vía telefónica, un desconocido tras la publicación de un artículo en el que se recogían las quejas de usuarios del Consejo Provincial de Tránsito.
La publicidad oficial tampoco se libra de las críticas de la oposición. La consejera Marcia Caicedo, publicó un informe en el que reflejó las anomalías detectadas, como el uso indebido de fondos públicos o infraestructura estatal ‘en actos de evidente campaña electoral anticipada e ilegal’ y la divulgación de publicidad de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Producción negada el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, la Fiscalía General, el Ministerio de Salud, el Municipio de Quito y la Defensoría del Pueblo, difundieron propaganda no solicitada al CNE. Ante estas irregularidades, Caicedo pidió que el Pleno del CNE ordene el retiro de vallas y de todo tipo de publicidad que infrinja le ley.
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