Paloma Adrados, candidata popular a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, ha declarado que tal y como señaló la semana pasada ‘Cierco incumplió la Ley Electoral’ y lo tanto ‘la Junta Electoral Provincial le condena a retirar toda la publicidad ilegal dando la razón al Partido Popular’.
La nueva ley Electoral (LORGE) parece traer de cabeza al PSOE. A lo largo de esta semana la Junta Electoral Provincial ha dado la razón hasta en dos ocasiones al PP sobre las denuncias de incumpliento de esta ley parte de los candidatos socialistas. La últa tuvo la conocos ayer, cuando la Junta volvió a dar la razón a los populares en el caso del candidato socialista a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, David Cierco, que mantuvo un banner publicitario en su web de campaña durante varios días tras el inicio de las restricciones. Por lo que ha sido condenado a retirar toda la publicidad ilegal que pudiera existir.
En este sentido, Paloma Adrado ha manifestado que ‘a fecha de hoy’, la dos únicas condenas de la Junta han recaído sobre los candidatos socialistas de Pozuelo de Alarcón y de Alcorcón. Y ha añadido, ‘nos encontramos de nuevo ante una conducta reiterada del partido socialista que aplica su máxa de ‘como sea’, incluso saltándose la Ley y lo hace tanto en Pozuelo como en Alcorcón’.
Para terminar, aseguró que ‘el PSOE ha sufrido un serio correctivo de la Junta Electoral haberse saltado las reglas del juego, que son iguales para todos aunque el partido socialista no lo crea así’.
La prera corrección de la Junta Electoral Provincial se hizo pública el pasado lunes. El vies 8 de abril, el presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid, Salvador Victoria y el candidato a la alcaldía de Alcorcón, David Pérez, presentaron ante la Junta Provincial una denuncia contra el Consistorio que dirige Enrique Cascallana organizar visitas al Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), cuyas obras se encuentran aún en fase de ejecución. Hay que tener en cuenta que este centro es una de las promesas electorales que edil llevaba en su programa electoral en 2007, y que el capital fundacional es del Ayuntamiento y de Esmasa, empresa pública municipal y cuyo presidente es el propio Cascallana.
Tras conocer el caso, la Junta resolvió que se debía proceder a la ‘suspensión de cualquier acto como el citado, y a la retirada de cualquier instrumento de publicidad y propaganda que, como el citado, incumpla la legislación vigente’.
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