28/04/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES La liberación de presos políticos, entre los que había 17 periodistas, protagonizó la actualidad cubana durante 2010. Este hecho, sin embargo, no supone el fin de las represiones a la prensa dentro de la isla, que continuó siendo uno de los países del mundo que ofrece una peor situación a los informadores y se situó en el puesto 166 de 178 de la lista de RSF.
El 23 de febrero de 2010 moría después de 85 días de huelga de hambre el preso político Orlando Zapata Tamayo. Su falleciento así como la huelga de hambre emprendida posteriormente el periodista Guillermo Fariñas fueron, según los informes anuales de Reteros sin Fronteras (RSF) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los acontecientos que pulsaron las negociaciones entre el régen de La Habana, la iglesia católica de la isla y el ejecutivo español. Estos diálogos a tres bandas tuvieron como resultado la excarcelación de los presos de la ‘Pravera Negra’ de 2003, entre los que se encontraban 24 periodistas, y de otros presos políticos. Con la salida de prisión de 17 de los 24 comunicadores, el país abandonó en 2010 su condición de una de las principales cárceles del mundo para periodistas, después de China e Irán. El gobierno cubano, sin embargo, no dio muestras de tolerancia hacia el pensamiento disidente y obligó al destierro a los opositores excarcelados. A finales de año todavía permanecían cuatro informadores en las celdas cubanas, reacios a abandonar el país.
Previamente al inicio del proceso libertador, en el mes de abril, fue liberado el corresponsal de la web Cubanet en la región de Matanzas, Óscar Sánchez Madán, quien había sido encarcelado en 2007 acusado de ‘peligrosidad social predelictiva’. También a Dania García, colaboradora de Pravera Digital y CubaNet, le fue conmutada la pena de veinte meses de cárcel una multa de 300 pesos (12,5 dólares) y Darsi Ferrer, médico disidente y colaborador de medios, fue puesto en libertad condicional en junio. En mayo de 2010, RSF presentó su lista anual de predadores de la libertad de prensa, compuesta en esta ocasión cuarenta nombres, en la que figuraba Raúl Castro sus ataques a la prensa independiente y los blogueros a través de brutalidad policial, citaciones oficiales y registros de la policía política, además de detenciones arbitrarias de corta duración, como las sufridas los periodistas Juan Carlos Reyes Ocaña, de Holguín Press; Carlos Serpa Maceira; Yosvani Anzardo y Calixto Ramón Martínez Arias, liberado en mayo tras tres semanas de prisión preventiva en Valle Grande y encarcelado nuevamente en junio en el Centro Alternativo de Procesamiento de Detenidos de La Habana, donde comenzó una huelga de hambre. Además, Darío Alejandro Paulino Escobar fue expulsado de la Universidad de La Habana haber creado un perfil en Facebook y Saylí Navarro de la Universidad de Matanzas sus actividades como periodista independiente.
La libertad de expresión en Latinoamérica países:
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A pesar de estas trabas, el CPJ señala de que ‘una comunidad emergente de blogueros siguió informando sobre las experiencias cotidianas, brindando a los ciudadanos cubanos y a la comunidad internacional información sobre las carencias de la vida en la nación caribeña. Si bien los blogueros no han sido encarcelados su labor, también han enfrentado acoso e intidación. En palabras de la bloguera cubana independiente Laritza Diversent ‘las largas condenas de privación de libertad fueron reemplazadas la marginación social y cultural’ que ‘aun cuando hayan cambiado los métodos, el fin siguen siendo el mismo. Cuba sigue siendo un oscuro rincón, donde ejercer la libertad de expresión, en contradicción con los fines del estado socialista, es un delito’.
En definitiva, tanto RSF como CPJ destacan en sus informes anuales que, pese a las excarcelaciones, la situación en Cuba no evolucionó en 2010 y continúan en la nación la censura y la opresión a los periodistas y políticos disidentes. El CPJ asegura que ‘mientras la tan esperada liberación de disidentes fue un alivio para los periodistas y sus familias luego de años de padeciento, el gesto no auguró cambios fundamentales en la libertad de expresión o en el acceso a la información para todos los cubanos’. De hecho, las leyes que permitieron que Cuba encarcelara a aquellos periodistas siguen en vigencia. Están redactadas en el artículo 91 del código penal, que pone largas penas de prisión o muerte para quienes actúen en contra de ‘la independencia o la integridad territorial del estado’ y la Ley 88 para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que pone sentencias de hasta 20 años de prisión cometer actos que ‘persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social’. El documento del CPJ recuerda también que ‘los periodistas y escritores encarcelados dejaron un legado periodístico admirable, documentando abusos, creando prosa y escribiendo poesía desde sus celdas, luego sacando clandestinamente su trabajo hacia el mundo libre’.
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