11/05/2011 PRLATAM 115.942 SUSCRIPTORES El sí del referéndum que tuvo lugar en Ecuador el pasado sábado empeorará la situación de la libertad de prensa en el país según han asegurado organismos internacionales. Una situación que ya de sí no ha sido buena durante el pasado año. prlatam presenta algunas de las conclusiones de los informes 2010 de RSF y CPJ.
El pasado 30 de septiembre se produjo en Ecuador una sublevación policial, que tenía como objetivo derrocar a Rafael Correa y que se saldó con tres muertos, decenas de heridos y el caos durante doce horas en el país. Durante las revueltas, al menos 22 reteros y fotoperiodistas fueron atacados, amenazados y hostigados cuando cubrían el levantamiento, según indicó Fundamedios, un grupo de defensa de la libertad de prensa de Quito. ‘En casi todos los casos, los policías sublevados intentaron pedir la cobertura de los hechos destruyendo el material de los fotógrafos y camarógrafos presentes’, dice RSF en su informe.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) asegura que ‘en medio de la rebelión, la Secretaría de Comunicaciones ordenó que todas las emisoras de radio y de TV interrumpieran sus programaciones y emitieran solamente la transmisión oficial. Las redes de televisión nacionales Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno comenzaron a trasmitir la señal del canal estatal Ecuador TV, cuya cobertura informativa se basó en el punto de vista gubernamental, y mostró una serie de entrevistas con altos funcionarios’. La programación fue suspendida durante seis horas. ‘Durante el estado de emergencia –explica el CPJ en su informe, declarado la administración, el presidente y los integrantes del gobierno están autorizados a interrumpir la programación con el fin de transmitir mensajes oficiales. Pero el gobierno no formuló ningún mensaje’. ‘En cambio –continúa, el decreto interrumpió la cobertura informativa independiente que fue reemplazada con información aprobada el gobierno, privando a los ecuatorianos de contar con fuentes diversas en un momento crítico’.
La libertad de expresión en Latinoamérica países:
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Asismo, el CPJ señala que durante 2010, ‘Correa no ocultó su desprecio muchos de los medios informativos’ y calificó a periodistas críticos de ‘ignorantes’, ‘provocadores’ y ‘mentirosos’. El mandatario hizo uso frecuente durante 2010 de cadenas gubernamentales oficiales para expresar sus puntos de vista sobre diversos temas, al más puro estilo Hugo Chávez. En base a la Ley de radiodifusión, se interrumpieron programas informativos independientes para la transmisión de las cadenas. Estos actos fueron calificados de ‘abusivos’ los defensores de la libertad de prensa. Teleamazonas estuvo en el punto de mira del ejecutivo y fue, según el organismo, la emisora que ‘más intentos de censura resistió’. La venta de esta cadena, que concluyó en el mes de septiembre, fue obligada el gobierno, a través de nuevas leyes que prohíben a los banqueros ser dueños de medios de comunicación. El dueño de Teleamazonas, Fidel Egas, quien era también ejecutivo del Banco Pichincha, vendió su participación a inversores locales, peruanos y españoles.
Por otra parte, aunque según el informe de RSF no hubo informadores asesinados ni encarcelados, sí que se produjeron hostigamientos contra la prensa más allá de las revueltas del 30 de septiembre. En marzo, se dictaba condena de tres años de prisión y 10.000 dólares los costos legales, ‘injurias calumniosas’ contra Emilio Palacio, periodista del diario El Universo, un editorial en el que fustigaba al presidente del directorio de la Coración Financiera Nacional (CFN), Camilo Samán. Posteriormente, el 20 de agosto, un tribunal provincial emitió una orden de arresto terrorismo contra el periodista Juan Alcívar, corresponsal del matutino La Hora de Quito y retero de la radio local El Nuevo Sol, quien, según RSF, se dio a la fuga. Esta acusación, en consideración del CPJ, fue fabricada. Alcívar estaba cubriendo la visita presidencial a la ciudad norteña de La Concordia el 19 de julio cuando un individuo no identificado arrojó una bomba de gas lacrógeno. Dos empleados municipales acusaron al periodista, crítico con el alcalde de La Concordia Walter Ocampo, de arrojar el artefacto contra el presidente Correa, a pesar de que otros testigos niegan esta versión. El periodista había sido anteriormente amenazado su labor informativa. Fundamedios informó en julio que vándalos habían pintado una nota en su automóvil que decía, ‘cállate, no jodas al alcalde’.
En el apartado normativo, una comisión legislativa redactó un proyecto de Ley de comunicación que incluía cláusulas restrictivas para la libertad de expresión tales como el requisito de que los periodistas tuvieran títulos universitarios y requerientos precisos para que los medios publiquen ‘información verídica’. En caso de aprobarse, este proyecto de ley pudiere abrir la puerta para mayor censura parte del gobierno. En este sentido, RSF recuerda que el país, que ocupa el puesto 101 del ranking mundial de libertad de prensa elaborado la organización, sigue ‘sin despenalizar los delitos de prensa’. RSF solicitó que se adoptara tal medida en el marco de la citada Ley de Comunicación, que se debatió en el Congreso durante el prer trestre del año.
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