Hace ya unos años, España transpuso una directiva europea sobre transparencia de las empresas cotizadas que desarrollaba las obligaciones sobre información que los emisores de valores cotizados debían difundir al mercado, bien fueran de carácter periódico o de manera continua, como los cambios en el número de derechos de voto, operaciones de autocartera u otros hechos relevantes, con el objetivo de “mejorar la protección de los inversores y el incremento de la eficacia del mercado”.
Llegado a este extremo, cabe preguntarse cómo lo que es de obligado cumpliento en España para las empresas cotizadas, no lo es para el gobierno y las administraciones públicas que son los gestores de la mayor empresa cotizada de un país: el propio Estado.
La Constitución española de 1978 en su artículo 105 señala que la Ley regulará este extremo, pero lo cierto es que las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales son opacas y mantienen una concepción patronialista de la sociedad y de la información, cuyo cumpliento garantizaría el control de estas.
Es un hecho que la falta de transparencia encubre corrupción, abusos y mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y de la sociedad. Un proyecto de ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública está a la espera de que el gobierno lo remita al Parlamento puede hacer que los españoles alcancen silares derechos que los ciudadanos de otros países gozan, incluso desde 1776 como es el caso de Suecia.
Tan sólo España y, hasta antes de la crisis, Grecia, era uno de los poquísos países de la Unión Europea que no disponían de estas garantías y eso hace que los mercados sospechan sobre la veracidad de las informaciones difundidas. En Grecia, se llegaron a falsear las cuentas públicas y en España se pueden producir situaciones como la de Cataluña cuyo espectacular aumento del déficit fue denunciado su nuevo presidente autonómico, ante las que sólo cabe la alarma, si bien se pueda percibir en la denuncia todo tipo de añagazas políticas.
En USA, la Ley denominada Freedom of Information Act, promulgada en 1966, establece como regla general que la información en poder del gobierno sea pública, salvo determinadas excepciones establecidas en la propia Ley. En España es una promesa electoral del PSOE incumplida desde 2004 a pesar de que supondría menos corrupción si los poderes públicos estuvieran obligados a facilitar los documentos sobre la utilización de fondos públicos, contratos urbanísticos, actas de reuniones, contenido de dictámenes y otras informaciones a cualquier ciudadano que lo solicitase.
El pasado año, el gobierno manejo un anteproyecto que incluso filtró a algún medio de comunicación en el que otorgaba consideración de información pública a toda aquella que hubiera sido “elaborada o adquirida los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder”. Es decir, no solo las de las distintas administraciones, sino la que posea “otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública”.
El Gobierno reconocía así que el nivel de transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un “indicador de la calidad de los sistemas democráticos” y que no solo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. Hoy, el gobierno parece haberse olvidado de que la transparencia es consustancial a la regeneración democrática, ya que el peligro de abuso y corrupción aumenta allí donde el ejecutivo actúa en secreto.
Como un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos escribió en una ocasión, las leyes de libertad de información permiten a los ciudadanos enterarse de “lo que trama el gobierno” en el presente, y también de lo que hizo en el pasado. Al ayudar a revisar conductas inapropiadas, el acceso sirve como una valiosa herramienta contra la corrupción y ayuda a aumentar la confianza de los ciudadanos.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho a buscar, recibir e partir información y un derecho que no se usa, es un derecho que se pierde.
Hoy, colectivos de periodistas y de la sociedad civil tratan de que el Gobierno no se olvide de su compromiso electoral, aunque el ejecutivo muestra una reseñable displicencia al respecto. Mientras, la corrupción alcanza cotas memorables y los mercados internacionales –inversores incluidos se lo piensan dos veces antes de invertir en España.
¡El oscurantismo no gusta!
Carlos Díaz Güell, es editor, profesor de la UCM y consultor de comunicación empresarial
