La Vicepresidenta de Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría acaba de anunciar que el Ejecutivo dará vía libre a las Comunidades Autónomas para que decidan de manera independiente y en el marco de sus respectivos estatutos de autonomía el modelo de gestión más adecuado para sus televisiones.
Esto significa que se abre la puerta a la entrada de gestores privados, en modelos que van desde la externalización de servicios hasta su concesión y privatización, si así lo decide la administración respectiva. Con esto se cumple el compromiso electoral del Partido Popular (PP) de fomentar la partipación privada en las cadenas de televisión públicas para aliviar la elevada deuda de las Comunidades Autónomas. La Comunidad de Madrid (Telemadrid) y la de Castilla La Mancha (CLMTV) ya han avisado que su intención era externalizar sus cadenas, pero que el proyecto estaba paralizado precisamente a la espera de la autorización de la Administración Central.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este vies, Santamaría ha explicado que la idea del Ejecutivo es dar un margen a las Comunidades Autónomas para que puedan elegir entre fórmulas de gestión directas o indirectas. Se trata de un anteproyecto de Ley que ya se ha remitido a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). La Vicepresidenta ha destacado que estas instituciones ya advirtieron de la falta de flexibilidad en la gestión de las televisiones públicas. ‘Se trata de buscar el equilibro financiero siempre dentro del cumpliento del servicio público’, ha indicado.
El pasado 19 de diciembre Rajoy ya anunció en su discurso de investidura cuál sería su política con respecto a las televisiones autonómicas poniéndola como una de las prioridades audiovisuales de su mandato. ‘Cuando el conjunto de las administraciones están abocadas a la reducción del gasto, es absolutamente prioritario revisar nuestro actual modelo de televisiones públicas’, dijo. Para el Presidente del Gobierno constituye un problema prioritario el gasto que estas cadenas suponen para el Gobierno. Por ello a finales de diciembre avanzó que con ‘carácter inmediato, traeremos a esta Cámara la reforma legal necesaria para permitir nuevos modelos de gestión’.
Esta es una manera de desligar a las Comunidades Autónomas de televisiones en su mayoría deficitarias. Según el últo informe de UTECA las televisiones autonómicas recibieron en 2010 808 millones de euros en subvenciones que proceden de los gobiernos autonómicos, mientras que sus ingresos publicidad tan solo fueron de 245,6 millones. El resto de ingresos la presentación de servicios fueron de 44,3 millones. Los gastos de estas cadenas representaron en 2010 1.557 millones, que se dividía de la siguiente manera: 561 millones en consumos, 500 millones destinados a gastos de personal, 285,7 otros gastos de explotación y 210,6 amortizaciones.
Las plantillas de estas cadenas duplican e incluso triplican a los equipos de las televisiones privadas generando una elevada deuda. Por ejemplo, Canal 9 con 1.800 trabajadores, tenía una deuda de 1.298 millones de euros al cierre del año 2010. El año pasado tuvo una pérdidas de 183,7 millones de euros, frente los 212,3 millones de euros que tuvieron un año antes. La CCMA, en la que está integrado TV3, en 2007 arrastraba una deuda de 1.046 millones de euros que fue asumida el tripartito cuando gobernaba la Generalitat.
Con la actual situación del mercado publicitario en la televisión, la inversión privada en estas cadenas públicas es escasamente rentable. Es ello, que la prioridad para los actuales gestores es equilibrar los gastos y recortar costes. Esto necesariamente pasa reducir plantilla en la mayoría de las televisiones, de lo contrario ya no serán viables ni atractivas para una eventual inversión de empresas privadas o productoras. Canal 9 es el mejor ejemplo: es la televisión más endeudada y la prera autonómica en poner en marcha un ERE que se resolverá antes de fin de año.
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