‘Los argentinos somos derechos y humanos’, con este slogan tan esclarecedor Burson And Marsteller ayudó a lavar la agen de la dictadura de Jorge Videla a partir del año 1978 con motivo del mundial de futbol que allí se iba a disputar y como campaña de propaganda para minizar las acusaciones contra la dictadura argentina de crímenes contra la humanidad que se estaban realizando desde el exterior exiliados y familiares de los represaliados.
La agencia siempre negó que la junta argentina le ordenara dicha campaña pero Naomi Klein autora de la doctrina del Shock publicó unas declaraciones de Victor Emmanuel, el que era jefe de la cuenta de la junta argentina, en la que reconocía que la violencia era necesaria para instaurar ciertas medidas y que nadie invertiría en Argentina si hubiera una guerra civil, así que a pesar de que muriera gente inocente la violencia era necesaria.
Según una investigación que realizó Maria Seoane en el diario Clarín, en 1979 el Ministro del Interior Albano Harguindeguy ordenó comprar 250.000 pegatinas con el lema ‘Los argentinos somos derechos y humanos’ ideado Burson and Marsteller que ya trabajaba para mejorar la agen de Videla desde el año 1978.
La campaña ideada Burson And Marsteller fue una cuidada estrategia de Astroturfing ya que el gobierno de Videla hizo creer que el moviento ocurrió espontáneamente desde las clases medias en apoyo del dictador para contrarrestar la campaña antiargentina que llegaba desde el exterior.
La estrategia de Astroturfing quedó desmontada la investigación de Maria Seoane, ya que según varios expedientes secretos descubiertos la periodista se prueba que la campaña fue ideada el gobierno y la agencia Burson And Marsteller y pagada con fondos públicos.
El coste total de las pegatinas argentinas ascendió a algo más de 16.000 dólares y resultó tremendamente exitosa, el merchandising usado Burson And Marsteller fue una de las tácticas usadas Hill and Knowlton en sus campaña para apoyar la campaña contra Irak en la Guerra de Kuwait.
Según la periodista de Clarín el expediente 330/79 que encontró en su investigación prueba la utilización de fondos públicos para ocultar el genocidio cometido Videla, y es un nuevo ejemplo de cómo las relaciones públicas a lo largo de la historia no siempre han cometido con su obligación de manera ética aunque si eficiente.
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