Han tenido que transcurrir cerca de 34 años desde que fuera aprobada la Constitución para que un gobierno democrático decida presentar al Parlamento la ley que permitirá a los ciudadanos acceder a información pública, cubriendo así un déficit democrático que clama al cielo y que Suecia, ejemplo, disfruta desde 1776.
En efecto, la Constitución española de 1978 en su artículo 105 señala que la Ley regulará este extremo, pero lo cierto es que las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales se han llamado andana y durante todos los años transcurridos han mantenido su opacidad y una concepción patronialista de la sociedad y de la información que les podía garantizar el control y el poder de estas.
Es un hecho que la falta de transparencia encubre corrupción, abusos y mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y de la sociedad. Por ello, bienvenido sea una iniciativa como la que ha anunciado el gobierno del PP, aunque tampoco es cuestión de hacerle la ola, que es esta una deuda que se tenía con los españoles, reiteradamente tan incumplida, como los pagos que los ayuntamientos tienen con sus proveedores y que, como se ha demostrado, les taba “una higa”.
Hace ya unos años, España transpuso una directiva europea sobre transparencia de las empresas cotizadas, que desarrollaba las obligaciones sobre información que los emisores de valores cotizados debían difundir al mercado como los cambios en el número de derechos de voto, operaciones de autocartera u otros hechos relevantes, con el argumento de “mejorar la protección de los inversores y el incremento de la eficacia del mercado”. Llegado a este extremo, cabe preguntarse cómo lo que era de obligado cumpliento en España para las empresas cotizadas, no lo era para el gobierno y las administraciones públicas que son los gestores de la mayor empresa cotizada de un país: el propio Estado.
Hasta antes de la crisis, España era uno de los poquísos países de la Unión Europea que no disponía de estas garantías y eso hace que los mercados sospechen sobre la veracidad de las informaciones difundidas. En Grecia, se llegaron a falsear las cuentas públicas y en España se pueden producir situaciones como la de Cataluña, cuyo espectacular aumento del déficit fue denunciado en su momento el presidente autonómico, si bien se pudo percibir en la denuncia todo tipo de añagazas políticas.
La transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un “indicador de la calidad de los sistemas democráticos” y que no solo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. En la medida en que la transparencia es consustancial a la regeneración democrática, ya que el peligro de abuso y corrupción aumenta allí donde el ejecutivo actúa en secreto, los ciudadanos de este país, si fueran conscientes de sus derechos, deberían pedir responsabilidades a todos los gobiernos que han obviado esa obligación y se han beneficiado de ese vacío, lo que a llevada a España a aparecer en las listas de las cleptocracias mundiales en posiciones de liderazgo
Han tenido que transcurrir más de 60 años para que España se alinee con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza el derecho a buscar, recibir e partir información. Y un derecho que no se usa, es un derecho que se pierde.
Carlos Díaz Güell es editor de Tendencias del Dinero e innovaspain.com, profesor de la UCM y consultor de comunicación empresarial
