A finales de noviembre pasado una noticia relevante para el futuro del sector editorial español de medios de comunicación pasó, quizá, demasiado desapercibida para, al menos, gran parte de la opinión pública de nuestro país.
La Asociación de Editores de Diarios de España (AEDE) lanzó un desesperado SOS a los vencedores de las, aquel entonces, recientes elecciones generales encargados de formar el futuro gobierno español: el Partido Popular.
La situación del sector editor no puede ser más apremiante en una suerte de tormenta perfecta que se cie con virulencia en los últos años sobre las empresas editoras de prensa en España. A los efectos provocados la pertinaz crisis, el desplome publicitario y la pérdida de lectores, se une también el inexorable avance de Intet y todo ello en un panorama de ubérra proliferación de cabeceras con escasas tiradas salpentado con el famélico índice de lectura que se registra en España.
Según el libro blanco de la prensa diaria, elaborado Deloitte para la AEDE, el cierre de cabeceras, y aquí se podría enmarcar reciente del diario Público, no se puede descartar en absoluto en un sector muy fragmentado y atomizado donde se editan 134 cabeceras diarias (cuando el Reino Unido o Francia, con 15 millones más de habitantes cada uno, cuentan con 99 y 85 cabeceras, respectivamente), con una media de 28.187 ejemplares y un índice de lectura de 82 periódicos cada 1.000 habitantes. Cifras que palidecen ante la comparación con la media de la UE: 61.410 ejemplares de tirada y 134 ejemplares vendidos cada 1.000 habitantes.
El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, recogió el guante de inmediato y se comprometió a poner en marcha, una vez asumido el Gobierno, un plan específico para la prensa materializado en una serie de ayudas para facilitar la reconversión del negocio preso al digital. Transmutación que, al parecer, es el ‘santo grial’ atado como solución los expertos aprovechando los nuevos sotes tecnológicos actuales que comienzan indefectiblemente ‘i’.
Asismo, el otro eje angular de la estrategia se asienta en la lucha contra la piratería, expresada ya sin ambages el nuevo ministro del ramo, José Ignacio Wert, como uno de los pilares de su política que ha bebido de las fuentes establecidas en la malograda y polémica Ley Sinde.
Por tanto, el Intet de pago parece que pronto será una realidad en España a la hora de consultar los contenidos de los medios de comunicación, a tenor del comentario expresado el propio Pons en el que apuntaba que “en este país se tiende a pensar que lo que está en Intet sólo el hecho de estar, puede ser gratis”. Un evidente aviso a navegantes amigos de lo ‘free’.
La preocupación la ‘salud’ financiera de lo que se ha dado en denominar ‘el otro lado de la barrera’ informativa es lícita y, si me apuran, interesada desde las agencias de comunicación. No exentas, dicho sea de paso, de los azotes y estrecheces que acogotan a sus contrapartes periodísticas. De hecho, ambos tipos de empresa son piezas claves de un puzzle necesario para balancear el delicado y lícito equilibrio de intereses que, a menudo, se comparan con la labor que ejercen el ministerio fiscal y los abogados defensores en un, si me lo permiten, símil jurídico más o menos afortunado.
El problema es que esta suerte de nueva ley de Prensa puede suponer una mordaza a la libertad de expresión de los medios, más o menos rescatados, al amparo de la ubre de papá Estado, con las consiguientes consecuencias a la hora de seleccionar sus contenidos. Y tenemos un precedente en lo que pasó recientemente en TVE cuando los políticos tuvieron la ‘feliz’ idea de caer en la tentación de intentar rescatar el control previo de la información.
La intromisión directa de la política en la selección de contenidos y enfoques de los medios puede suponer un empobreciento en la ya de sí difícil objetividad que se les supone en su labor diaria y, además, un menoscabo y un achique de espacios para otros asuntos de interés para las empresas y organizaciones clientes de las agencias de comunicación que necesitan también su lícito espacio en los medios.
Por consiguiente, es tante que a los medios les vaya lo mejor posible que eso supone independencia y que está demostrado a lo largo de la historia que la titularidad pública de los medios no genera precisamente los contenidos más ecuánes, interesantes y de mayor calidad para el ciudadano.
Fernando Geijo
Consultor Senior
Estudio de Comunicación
