La AgPUGT ha mostrado su preocupación la reciente reforma pulsada el Ejecutivo que permite privatizar, cerrar o externalizar las televisiones autonómicas., Estan que en juego hay 10,000 puestos de trabajo y la pérdida de la calidad democrática y de la pluralidad informativa. Canal Nou y Telemadrid serían las preras en modificar sus actuales estructuras.
El pasado Consejo de Ministros acordó dar luz verde a la reforma de las televisiones autonómicas que incluye la posibilidad de que las autonomías decidan sus modelos de gestión. Esto abre la puerta a que las cadenas públicas locales puedan ser vendidas –para su posterior cesión de licencias externalizadas o privatizadas. En estos últos dos casos respetando los criterios de estabilidad presupuestaria.
En menos de cuatro días, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado su interés de ejercer estas nuevas facultades para Telemadrid. La Consejera de Presidencia, Regina Plañiol ha manifestado que en este momento ‘no es prioritario mantener una esta empresa pública de comunicación’, lo que ha generado malestar e intranquilidad en la plantilla del ente público, ‘que ve peligrar sus puestos de trabajo y la propia viabilidad de la empresa’, según ha indicado AgP.
Esta mañana también hemos conocido diversas estaciones de los medios de Comunicación que cifran el ERE de Radio Televisión Valenciana en más de 1.000 personas, más de la mitad de una plantilla que actualmente tiene 1.800 personas. En estos momentos Canal Nou espera la versión definitiva del informe del despacho de abogados Garrigues que cifrará oficialmente el número de despedidos.
Frente a esta situación, la Agrupación de Periodistas de la UGT (AgPUGT) considera prescindible que las radios y televisiones autonómicas mantengan el carácter de empresas públicas y sirvan para que los ciudadanos de dichas comunidades tengan una información veraz, plural y democrática. ‘La privatización, el cierre o la externalización de los servicios informativos de estas empresas audiovisuales públicas podría conllevar la pérdida de 10.000 puestos de trabajo y también significaría una merma en la calidad democrática y en la pluralidad informativa de nuestro país’, han indicado.
‘Desde la AgPUGT retiramos nuestro llamamiento a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para que mantengan el carácter público de sus radios y televisiones con plantillas de trabajadores fijos que hagan producción propia, sin externalizar los servicios informativos, que estén bien gestionadas económicamente y que estén al servicio de los ciudadanos de su comunidad y no a intereses políticos concretos como, desgracia, ocurre en alguna de ellas. Los Gobiernos autonómicos que encomiendan a terceros la gestión que les ha otorgado la ciudadanía muestran su incapacidad de realizar una buena gestión directa de los servicios públicos audiovisuales’, han concluido.
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