El Congreso debatirá una propuesta de Coalición Canaria que pide que se pida a las televisiones pagar entrevistas a condenados con indemnizaciones pendientes y a putados. ‘Hay que evitar que el cren genere derechos de autor’, sostiene la diputada Ana Oramas.
La iniciativa responde a los últos casos de putados que han salido a la palestra su interés mediático, como las entrevistas a Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil que fue condenado malversación; Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y todavía con cuentas pendientes con la Justicia; o la madre de El Cuco, el menor procesado la muerte de Marta del Castillo.
Julián Muñoz y Luis Roldán habrían cobrado en torno a 350.000 y 50.000 euros respectivamente. Por su parte, la madre de El Cuco cobró entre 9.000 y 10.000 euros su entrevista en La Noria, lo que provocó un fuerte rechazo hacia el programa y el abandono de los anunciantes hasta su desaparición.
La diputada de Coalición Canaria reivindica que los poderes públicos no pueden permanecer pasibles ante este tipo de entrevistas que vienen a ‘subrayar la perversión de valores que supone que un cren genere beneficios a su autor o a sus familiares ir a una televisión a hablar de ello’.
‘Paradójicamente, se premia con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados contar directamente en televisión sus particulares versiones (si no exculpatorias, autojustificativas) sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones puestas’, señala.
‘Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régen de concesión administrativa se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos’, protesta.
El objetivo de Coalición Canaria es que el Gobierno inicie cambios en la Ley General de Comunicación Audiovisual para ‘ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron puestas’. Una prohibición que pretenden que alcance también a familiares y allegados.
Por otra parte Coalición Canaria pretende también ‘estudiar la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas putadas en la comisión de delitos o condenados los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado’.
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