Las oposiciones en la televisión pública gallega lejos de aliviar la judicialización que hay en la empresa la ha empeorado, según asegura el sindicato Central Unitaria de Trabajadores a prnoticias. El pasado sábados salieron 93 trabajadores de la autonómica que no han conseguido los puntos suficientes para mantener su plaza en las oposiciones. No obstante, desde CUT defienden que el proceso no ha sido riguroso.
El pasado sábado salieron de la RTVG 93 trabajadores con contrato de interinidad. Estas bajas responden al proceso de oposición que se inició en 2007 en la cadena y que ha finalizado este sábado con la incoración de los 193 que aprobaron. Según explica el Comité de Interempresas de la casa ‘la semana pasada el Director General de la autonómica sacó una resolución en la que se adjudicaban las 193 plazas’ y en esa lista no están 93 trabajadores. Por lo tanto, tan pronto tomaban posesión de su puesto los opositores eran cesados los otros.
Estas mismas fuentes mantienen que cuando estos empleados llegaron a la televisión gallega en lugar de hacer indefinidos a los que entraban en los plazos de la ley Caldera que intentaba pulsar la contratación indefinida y la conversión de empleo temal en fijo lo que hacían era ofrecerles contratos de interinidad hasta las oposiciones.
Por otro lado, desde el sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncian que se han producido errores en el proceso selectivo. ‘La empresa y los tribunales no han sido rigurosos, han tenido un tratamiento arbitrario con los aspirantes’, lo que aseguran que hay gente dentro de ese grupo de 93 personas que podrían haber mantenido su puesto.
Por lo que mantienen apuntan que este proceso lejos de conseguir una estabilidad va a generar más demandas. ‘La mayoría de estos 93 trabajadores van a presentar una demanda despido nulo. Porque en prera instancia su relación laboral era indefinida y en muchos casos el juez había determinado que el código –el número que va vinculado a cada plaza para asignar tras las oposiciones era nulo’, mantienen. Declaran que alrededor del 60% de los que han salido este fin de semana tienen una sentencia judicial, que no es firme, donde se les reconocía ‘la fraudulencia de su relación laboral’ y en muchos casos los jueces decían que los códigos que les habían asignado eran fraudulentos.
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