La tarde de ayer Esperanza Aguirre aseguró que privatizará Telemadrid cuando la Ley lo autorice, algo que en la práctica se producirá esta semana. No obstante, las fórmulas que permite la legislación para la externalización son diversas y todo depende de que realmente hayan interesados en hacerse con la gestión de teles altamente deficitarias y con elevados costes operativos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid indicó que privatizará el ente público Radio Televisión Madrid ‘en el momento que la ley lo autorice’. ‘Así lo haremos en el supuesto de que haya personas físicas o jurídicas interesadas’, ha explicado. Estas declaraciones no sorprenden ya que responden a un histórico proyecto de la autonomía que ya en época de Alberto RuizGallardón pedía que se cambiase la Ley para poder externalizar Telemadrid.
Las declaraciones de Aguirre se producen precisamente cuando la nueva Ley que permite la libre gestión de autonómicas ha sido promulgada para entrar en vigor este mismo vies. En teoría, Aguirre y su equipo ya podrían comenzar su proceso de privatización este lunes, aunque prero deberán decidir qué modelo adoptarán para el Ente. La nueva ley permite fórmulas que van desde la externalización de servicios hasta su concesión y privatización, pero también autoriza a los gobiernos a cerrar las cadenas, si es que así lo consideran necesario, y licitar estas licencias a privados.
De momento, hay varias autonómicas que ya han anunciado que sí optaran fórmulas privadas, principalmente para desligar al gobierno regional de la pesada losa que significa financiar televisiones mediante subvenciones que en 2010 superaron los 800 millones de euros. Esta misma semana Murcia ya ha definido que su intención es rebajar la factura que tiene con la actual empresa concesionaria de su televisión, de lo contrario optarán la privatización. Castilla La Mancha también ha indicado en numerosas ocasiones que no es rentable prestar el servicio de televisión, aunque no ha definido aún su modelo.
En estos momentos la mayoría de las televisiones autonómicas de segunda generación como Aragón TV, IB3 y TPA funcionan con empresas externas en sus diferentes departamentos e incluso algunas como la de Murcia directamente es gestionada un privado. No obstante, las históricas como TV3, Telemadrid, Canal Sur o EiTB funcionan casi en su totalidad con personal propio y producción pagada la autonomía. En este sentido la nueva ley permite a las administraciones renunciar a la prestación del servicio para sacar a concurso su señal, lo que plicaría el cierre de la actual cadena y el despido de su plantilla.
Esta fórmula que es la más extrema, de momento no estaría siendo adoptada ninguna de las actuales cadenas, aunque sí la mayoría –Canarias, Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía están en pleno proceso de adelgazamiento, recortando costes y plantilla, para estar en mejores condiciones y así sacar a concurso parte o la totalidad de su programación. El problema es que el actual panorama de los medios convierten a estas cadenas en un negocio poco rentable con elevados costes de producción y mínos ingresos publicidad.
Éste problema se suma además a la obligatoriedad de que bajo cualquiera de los mecanismos adoptados las autonómicas siempre deberán respetar los criterios de estabilidad presupuestaria, como ya lo advirtió Soraya Saenz de Santamaría en abril cuando anunció el proyecto. Esto significa que cualquier televisión deficitaria podría verse obligada a cerrar si no logra ser rentable, aún incluso sin tener empresas privadas interesadas en hacerse con su gestión.
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