Las televisiones autonómicas están en el ojo del huracán. Tras la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual que abría la puerta a la externalización o privatización de los canales autonómicos y establecía un déficit cero, desde el 1 de noviembre ha entrado en vigor un reglamento que permite despedir al personal laboral de estos entes u organizaciones con 20 días año trabajado. En el caso de las autonómicas el reglamento afecta a toda la plantilla.
Todo son malas noticias para las televisiones públicas autonómicas. El año pasado los gobierno regionales ya redujeron las partidas que destinan a estas cadenas y este año el recorte no va a ser menores. En la Comunidad de Madrid ya se ha anunciado un tijeretazo de ocho millones de euros en la partida que el gobierno regional destina a la radiotelevisión pública. Pero la caída de los ingresos en estas televisiones también está provocada la bajada de la facturación publicitaria. El descenso de estos ingresos en las autonómicas está entre los más altos, según los datos de Infoadex sobre los nueve preros meses del año la inversión publicitaria en estas cadenas ha caído un 36,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, en concreto ha pasado de los 153,8 millones de euros a los 98 millones.
En medio de este panorama el Gobierno central ha presentado dos normas que da facilidades a los ejecutivos autonómicos para reducir la masa salarial de las empresas públicas, además de dejar la puerta abierta a su cierre o privatización. Desde el uno de noviembre está en vigor la Ley que permite a las administraciones reducir la masa salarial de los entes, organismos y entidades públicas mediante el procediento de despido colectivo causas económicas con indemnizaciones de 20 días año trabajado para todo el personal laboral y asalariado. Una normativa que en el caso de las televisiones autonómicas afectaría a toda la plantilla, ya que según nos explican responsables de medios de comunicación de FESUGT Madrid, en el caso de las cadenas públicas prácticamente todos los trabajadores son personal laboral o asalariado. ‘En las empresas públicas tan solo se librarían los que llamamos funcionarios’, pero en ‘los medios de comunicación de titularidad pública el reglamento afecta a toda la plantilla’, que todos son personal laboral o asalariados. Por lo tanto puntualiza que se ‘abre la puerta a que se presenten EREs de forma indiscrinada’.
Además, a esta norma hay que sumarle la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual que el Gobierno Central aprobó hace varios meses y que permite que las Comunidades Autónomas puedan suprir o privatizar en parte o en su totalidad sus operadores de titularidad pública y, en el caso, de que se queden con la gestión no podrán tener déficit.
Un claro ejemplo de ese intento reducir la masa salarial de las cadenas públicas lo tenemos en Madrid. El presidente regional adelantó que se plantearía cerrar Telemadrid si no consigue sacar adelante un Expediente de Regulación de Empleo que reduzca de manera tante la plantilla y permita mantener el servicio externalizándolo. Y luego está el tema del déficit, algo que está presente en todas las empresas públicas. ‘Telemadrid, como la inmensa mayoría de las televisiones, es deficitaria y que la Ley les pide mantener estos servicios deficitarios’, afirmó.
Desde FESUGT Madrid subrayan que en el caso de las empresas públicas los ERE tienen un ingrediente añadido y es que la administración es la que lo presenta, lo tanto significa que ese déficit existe. ‘Parece que sean EREs que vayan a ir la línea directa’, apunta, y añaden: ‘desde luego los sindicatos intentaremos que esto no sea así’, el hecho de que lo haya presentado una administración no significa ‘que esté todo hablado’. ‘Pero lo han puesto muy fácil para acabar con las empresas públicas y con los medios de comunicación públicos’, sentencia.
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