El Congreso de Sanidad Penitenciaria, que se ha celebrado en Madrid este fin de semana, ha sido el lugar elegido para presentar la “Guía Atención y tratamientos en prisión el uso de drogas”. Este documento nace con el objetivo de ayudar al profesional sanitario que trabaja en estos centros (médicos y personal de enfermería, principalmente) en el tratamiento de la patología mental, la drogadicción y sus complicaciones y para el que se ha realizado una revisión sistemática de cada uno de los temas abordados en el mismo.
La guía ha sido elaborada el Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en Prisión (GSMP), con la colaboración de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en el que participan miembros de esta sociedad y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), y la compañía biomédica Pfizer. Su objetivo es dar respuesta a los problemas derivados del consumo de tabaco, alcohol y cocaína que en estos recintos se sitúa muy enca de la media general o el trastorno antisocial, considerado el trastorno de personalidad que más se asocia con el consumo de sustancias o la incidencia de conductas agresivas, entre otras complicaciones que aparecen con frecuencia en el ámbito penitenciario.
“La motivación principal parte de la demanda de los equipos sanitarios de los centros penitenciarios sobre cuestiones relativas a la salud mental y entre estas lo referente a las adicciones como problema de enorme prevalencia en la población ingresada en las cárceles”, ha explicado el doctor Iñaki Márkez Alonso, presidente de la Asociación Vasca de Salud Mental.
“Pretendemos aunar criterios y consensuar la atención a la patología mental y drogadicción en el medio penitenciario, abordamos los trastornos uso de sustancias y sus complicaciones y los aspectos éticolegales de la intervención en estos pacientes”, añade Cristina Iñigo, coordinadora del GSMP y médico de AP en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
Por eso en ella se recoge información y un extenso análisis sobre la atención a la patología mental y adictiva en los centros carcelarios. Datos epidemiológicos recogidos en las cárceles españolas muestran que cerca del 40% de los internos presenta una enfermedad mental y dentro de este centaje, el 50% está relacionado con el consumo de drogas.
“Las prisiones son un fiel reflejo de la sociedad y, al igual que en ella, en los centros penitenciarios se ha producido un cambio en la prevalencia de la patología. En la actualidad son los trastornos mentales, las drogodependencias y la patología dual los problemas médicos mas prevalentes, lo que supone un reto difícil y con entidad suficiente para generar un problema sanitario de prer orden su alta prevalencia y las consecuencias medicas y regentales que provoca”, ha señalado la doctora Iñigo. Por eso, continúa, “creemos que es necesaria la formación del personal de prisiones en materia de patología psiquiátrica y drogodependencias”.
Uno de los principales problemas con los que se encuentran estos profesionales, apunta el doctor Márkez, es, “sin duda, adecuar las ofertas terapéuticas a lugares de encierro y, tanto, con litaciones en las posibilidades de actuación”. “Por eso, adaptar el plan terapéutico a las sustancias consumidas y las complicaciones presentes ha de tener respuestas que en esta guía ofrecemos a cuestiones que aparecen con demasiada frecuencia en el ámbito penitenciario”, afirma.
Sobre el modelo asistencial penitenciario
La legislación europea sobre esta materia considera que las personas que están internas en prisión deben tener los mismos derechos y prestaciones sanitarias que el resto de los ciudadanos. El objetivo principal es garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso a los ciudadanos.
“Los nuevos modelos asistenciales se basan en la integración de la Sanidad Penitenciaria en el sistema de salud público que ha de cohesionar dos realidades asistenciales, dos estructuras y dos mentalidades diferentes que se está desarrollando ya en algunas comunidades autónomas. Ello exige mayor y mejor coordinación a todos los niveles como uno de los aspectos del proceso y donde los profesionales e instituciones faciliten la transición organizativa, manteniendo su compromiso una mejora de la calidad en la atención a la salud de las personas ingresadas”, concluye el doctor Márkez.
