El juez José Ramón Soriano ha dado el visto bueno para que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigue las cuentas del ex ministro de Fomento José Blanco y de su esposa, Ana Isabel Mourenza, del periodo que abarca desde el año 2006 al año 20011 en relación con un desfase en el proceso de compra de su chalé en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Este últo informe, separado de la Operación Campeón, está pendiente de ser recibido.
La UDEF solicitaba al juez Soriano, mediante cinco informes en los que hace una síntesis de las actuaciones realizadas, que pidiese a la Agencia Tributaria los datos bancarios de José Blanco y de su mujer. Según el documento al que ha tenido acceso El Mundo, en el informe se atan las últas investigaciones y se expone al magistrado instructor ‘la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación para definir el papel de las personas y complementar el material existente’, pues la policía considera que ‘existe un desfase entre el valor publicitado como precio de venta en el tal inmobiliario donde se ofertó’ el chalé ‘y el que figura en escritura pública como valor de la operación’.
El Mundo publica que, según este informe: ‘las peticiones realizadas a José Blanco parte de Javier Rodríguez, de Proitec Ingenieros, y José Antonio Orozco, vicepresidente de Transtes Azkar y encargado de la reforma de chalé del socialista, no es una circunstancia puntual y esádica, sino que se trata de una práctica recurrente, atendida, mantenida en el tiempo y diversa en cuanto a la naturaleza de las propias peticiones’. Por tanto, se pretende aclarar si Blanco favoreció la obtención de la licencia para que la empresa Azkar instalara la nave industrial en los terrenos próxos al aeropuerto de El Prat; pues en el citado informe, la UDEF afirma que el técnico de Sant Boi carecía de justificación para avalar la concesión de la licencia tras dos preros informes denegatorios.
El Instructor, visto que el Ministerio fiscal, la defensa y el instructor no han pedido diligencias, cree que las efectuadas la policía judicial ‘son suficientes’ para que el fiscal o la defensa soliciten el sobreseiento de la causa o la petición del Suplicatorio para que Blanco acuda al tribunal.
Con el apoyo de Cofares y Hefame
Según el informe, los empresarios Jorge Dorribo, dueño de Laboratorios Nupel; Carlos Monjero y Javier Rodríguez, socios de Proitec Ingenieros, y José Antonio Orozco, vicepresidente de Transtes Azkar, ‘habrían establecido relaciones comerciales entre sí hasta el punto de crear sociedades en las que tendrían la consideración de socios’. Éstos estaban preparando ‘dos proyectos de negocio’ para fabricación y venta de medicamentos en unidosis y reextación a terceros países de fármacos ‘que no han entrado en la cadena de comercialización’, lo que el propio Dorribo denomina ‘Sigre’.
Este entramado de sociedades estaría financiado vía privada y, según la UDEF, ‘desarrolla una estrategia para dar opacidad al origen del dinero’. El Proyecto Unidosis consistía en la producción y comercialización de fármacos en este formato, ‘previa obtención de licencias parte del Ministerio de Sanidad’. El Proyecto Sigre plicaba la creación de ‘una plataforma logística de extación de fármacos’ que se encuentran ‘deteriorados y sin comercializar’ y que serían llevados al almacén de Innovent Salud, en Rábade (Lugo), para su posterior transformación y reenvasado. En ello contaban con el apoyo logístico de Azkar y de las distribuidoras Cofares y Hermandad Farmacéutica (Hefame). El 5 de febrero de 2011 se celebró una ‘comida privada’, que según la Udef constituye ‘un punto de inflexión’ en estas actuaciones. A ella acudieron Manuel Bran, pro político del socialista, Amador de Castro y José Antonio LópezArias, de Cofares.
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