No exagero en absoluto ni temo a la respuesta que quieran darme si afirmo que la Asociación de la Prensa de Madrid no es una organización democrática. La democracia no consiste en votar cada cuatro años (estamos hartos de escuchárselo a decenas de tertulianos cuando se quejan del gobierno y apoyan los escraches, los asaltos al Congreso y los acosos a sedes del partido gobernante). Las organizaciones tienen además que comtarse democráticamente, cumplir las leyes en general y las normas de funcionamiento interno y de transparencia que les son exigibles su condición democrática. En definitiva: respetar los procedientos internos, las formas; las formas lo son todo en una democracia.
{div float:left}{module APM Y ASOCIACIONES|table}{/div} Es lo que no ocurre en la APM, donde la violación de los Estatutos que la rigen es moneda no digo corriente, sino constante. Ya ocurría con el anterior presidente, pero en el periodo actual el método se ha instalado en la normalidad. Las dos principales comisiones que deben ejercer el control democrático de la Junta han sido desactivadas el procediento de constituirlas saltándose los Estatutos y los acuerdos emanados de las asambleas generales.
Por hechos de índole cercana a los que refiero, en el Colegio de Abogados de Madrid ya está putada su nueva Junta Directiva. Pero, claro, los abogados con las leyes y las normas son muy finos, y a ellos les supone poco en tiempo y en dinero iniciar procedientos para defenderse de los abusos. Un periodista asociado se mete en un buen berenjenal si pretende que la Justicia corrija los desmanes que se dan en la APM. Al grano:
La Comisión Económica de la APM forma el Consejo de la SICAV, que acuerdo fundacional aprobado en asamblea general y nunca modificado, debe estar formado una mayoría de miembros de la junta directiva de la APM, y el resto otras personas, preferentemente asociadas. Tan es así que todos los años se repetía esta obligación machaconamente en la memoria anual y en el informe de auditoría.
También acuerdo fundacional que exigió la CNMV, los consejeros tienen que ser accionistas, para dejar bien entendido que velarán el dinero de todos los accionistas como el suyo propio.
Hoy es el día en que el Consejo de la SICAV integra sólo a tres personas de la junta directiva de la APM, ninguna de ellas accionista, y a ocho asociados externos, todos ellos de una spatía arrolladora, pero al menos seis en clara situación irregular. ¿Cómo ha pretendido resolver la APM esta irregularidad? De forma sencilla: elinando de la memoria anual y del informe de auditoría la citada exigencia fundacional. Transparencia se llama la figura. ¿Ocurriría esto en el Colegio de Abogados? Seguro que no.
La Comisión de Auditoría de la APM es una pieza más en esta doctrina de la transgresión. Me lito a reproducir los Estatutos:
Artículo 31. La Comisión de Auditoría y de Garantías Electorales. Se constituye como órgano de control y de garantía. Estará formada cinco socios con más de veinte años de antigüedad.
Su designación corresponde a la Junta Directiva, a propuesta del Presidente, con posterior ratificación de la Asamblea General. Su mandato será cinco años sin renovación posible y con relevo anual de uno de sus miembros.
La realidad es ésta: el presidente (José Vicente de Juan) fue designado miembro de la Comisión el dedazo de Urbaneja, sin mediar acuerdo de junta directiva. Con posterioridad la junta actual lo ‘legalizó’ y nombró presidente, y designó otros tres vocales (Génez Alemán, Rosa del Río y Fernando Segú), que junto a los dos existentes ratificados reglamentariamente la asamblea de asociados (Francisco Daunis y Asunción Valdés), ya sumaron… seis. Ahora bien: ¿tienen que ser cinco, o tienen que ser seis? ¿En el Tribunal Constitucional tienen que ser doce, o tienen que ser los que se le ponga en las narices al gobierno de turno? En la APM son los que se le pone en las narices a la junta directiva de turno.
Lo siguiente es que ninguno de los cuatro nombrados la actual junta ha sido ratificado en asamblea general, y ya se han celebrado tres desde su nombramiento, con lo que si quieren ser ratificados en la próxa (noviembre de 2013), llevarán dos años actuando sin estar habilitados para ello. Dos años con una comisión estatutaria, nada menos que de auditoría y control, en la ilegalidad. Y lo siguiente será que como hay que relevar a uno año, habrán pasado dos años sin relevar a ninguno, y alguno tendrá que salir de la comisión habiendo pasado ella como un zombie, que se creyó miembro de la misma pero no lo era.
Así que no miento cuando digo que la gobernanza de la APM ha ido degenerando desde la legalidad a la ilegalidad; muchos de los acuerdos adoptados tendrían que ser declarados nulos de pleno derecho, y como he demostrado ni siquiera se han molestado en dar apariencia de legalidad a sus decisiones. No es, entendido como debe entenderse, una organización democrática desde el momento en que no respeta sus propios procedientos de control. ¿Ocurriría esto en el Colegio de Abogados? Seguro que no.
Son sólo dos muestras, aunque sobradamente significativas. Podemos seguir hablando de otras veces en las que se han pisoteado sin rubor los Estatutos, algunas con graves consecuencias económicas…
Quizá otro día.
Seguiremos Informando…