Aunque España necesita más que el comer flexibilizar su economía, hacerla más competitiva y darle la vuelta a las previsiones de la Comisión Europea y del propio gobierno, el ejecutivo de Rajoy, no parece concederle mayor tancia a la necesidad de liberalizar, de una vez todas, sectores de la economía que siguen siendo un lastre para la competitividad del modelo español y un terreno abonado al intervencionismo de la administración en sus diferentes ámbitos.
En España existen indicadores que demuestran que el desarrollo del estado autonómico ha ido acompañado de una mayor ineficiencia del sistema, a través de un mayor intervencionismo del sector público autonómico en la economía. O dicho con otras palabras, de poco vale que las estadísticas de Eurostat nos recuerden que España ocupa el 15º puesto de la Eurozona a la hora de evaluar el peso del gasto público sobre el PIB, si la realidad pone de relieve que en este país casi no se mueve un euro sin la intervención de alguno de los innumerables estadios de la administración pública.
Aunque en este, cómo en todos los casos, las estadísticas están para jugar con ellas como mejor convenga, el grado de intervencionismo de la economía española muy bien pudiera medirse dos datos.
El prero, pertenece al Banco Mundial y dice que España ocupa el puesto 136 de los 185 países examinados a la hora de encontrar facilidades para crear una empresa. Para establecer un negocio en España hacen falta 10 trámites y 28 días, un coste equivalente al 4,7% de la renta habitante y un capital míno que representa un 13,2% de esa renta habitante.
El segundo, se puede encontrar en el Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, en donde queda referenciado que en 2011 había 405.647 empleados públicos más que en 2002. Alentar a una parte de ese mundo solo es posible a base de burocracia mucha liberalización que se anuncie. El papel lo aguanta todo y el intervencionismo de los administradores en la vida económica da al traste con todo tipo de teóricas
liberalizaciones.
De forma recurrente, los medios de comunicación españoles se hacen eco del permanente engaño en el que vive el mundo de las liberalizaciones –que no desintervenciones que propicia escándalos de todo tipo, si es que el escándalo continua vigente en la sociedad española.
La trama de corrupción de las ITV sigue cerrando su círculo judicial en torno a Oriol Pujol, número dos de CDC, como consecuencia de las “concesiones”, “adjudicaciones de autorizaciones”, “favores”, etc. de este tipo de negocios otorgados digitalmente “le he dicho a Oriol que si ganamos, cobramos todos” y que ha llevado a que una resolución judicial diga “que en este tipo de servicios debe prevalecer la liberalización que emana de la directiva europea y no pueden establecerse restricciones ni territoriales ni de número de operadores”. ¡Sin comentarios!
El asunto no es menor, como lo demuestra que también en el País Vasco existe un caso ITV y que ha motivado una sentencia firme del Tribunal Supremo, en la que se viene a decir que el gobierno vasco dio concesiones a dedo, saltándose la legalidad y las propias condiciones que había establecido. ¡Sin comentarios!
El secreto, como diría la publicidad, está en la masa. En 19 años las dos empresas que han explotado ilícitamente el negocio de la inspección en el País Vasco, han obtenido unos beneficios netos de aproxadamente 1,5 millones de euros año, lo que suma 57 millones entre las dos compañías.
Otro caso, igualmente preocupante y hoy en prera línea, hace referencia al histórico servicio de correos de España, cuya liberalización comenzara en Europa en 1997 y trece años más tarde se oficializara en España. Como consecuencia de esta “liberalización” de pitiní, Correos ostenta todavía una elevadísa cuota del mercado y no precisamente la ineficacia de los agentes que han entrado en el liberalizado sector, sino mor de una administración que es juez y parte, intervencionista hasta las cachas y distribuidora de subvenciones donde las haya, pese a lo cual los números rojos siguen emergiendo todas partes.
Hoy, el servicio postal en España atraviesa un momento delicado como consecuencia de haber disminuido su atación a la economía, muy debajo de la media continental.
España es el cuarto país con más empleados, enca de 60.000, la mayoría trabajadores de Correos y Telégrafos, aunque la paulatina reducción de la atación del sector postal al empleo nacional no pide que, a pesar del aparentemente elevado número de empleados, España se
sitúe en el puesto 19 en cuanto a ingresos anuales generados trabajador: 28.655 euros, frente a la media europea de 41.062 euros.
Incluso en países periféricos, económicamente maltrechos como Portugal, Chipre o Grecia, las ganancias operario son significativamente más elevadas.
Son las consecuencias de una liberalización mal entendida y en la que la Ley del Servicio Postal Universal, aprobada en diciembre de 2010, ya ha quedado obsoleta en algunos de sus apartados.
Hoy, el sector se pregunta si el proceso de liberalización ha servido para que España cuente con un operador postal, como ha sido el caso de algunos de los operadores europeos, más fuerte a nivel mundial, más internacionalizado, más diversificado, más eficiente y menos dependiente de las subvenciones de la Administración Central. La respuesta, es un no rotundo.
