Con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona contra 54 miembros del Consejo de Administración de Catalunya Caixa expresidente Serra y exdirector general Todó, incluidos ‘retribuciones e indemnizaciones desprocionadas y ajenas a su situación real de solvencia’ se cierra, el momento, el mapa de judicialización de la crisis bancaria y pone al filosofo Platón como referencia y premisa cuando declaró hace 2.400 años ‘que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte’.
La crisis financiera se ha saldado con ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital un total de 61.366 millones de euros desde mayo de 2009, siendo muy numerosas el número de actuaciones judiciales derivadas de la mala gestión que llevó a la quiebra a buena parte del sistema de cajas de ahorro, siendo innumerables el número de actuaciones judiciales emprendidas –preferentes al margen contra los gestores de tal desaguisado, aunque todas ellas no han conseguido que ninguno de los protagonistas del caos producido, haya visitado los excelentes centros penitenciarios españoles, salvo el expresidente de Caja Madrid, Blesa, que puntualmente paso unos días en Soto del Real acusado de existencia de indicios delictivos en la compra del City Bank of Florida en 2008 un juez llamado Silva que en el auto de encarcelamiento consideraba “aberrante” su conducta en Caja Madrid y le putaba delitos de administración desleal y falsedad documental. El juez Elpidio Silva ha terminado siendo suspendido el pleno del Consejo General del Poder Judicial causas ajenas al caso, mientras la Fiscalía de Madrid presentaba una querella contra él dos delitos contra la libertad individual, otro de prevaricación y un últo continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia.
En el caso de Catalunya Caixa, hoy nacionalizada y en la que se han inyectado 12.000 millones de euros de capital de origen público, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona basa su denuncia, entre otras cosas, en el hecho de que los miembros del Consejo de Administración adoptaron los acuerdos que constan en las actas del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer una “administración desleal”. Según reza el escrito, las “retribuciones e indemnizaciones merecen ser investigadas máxe cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica perante en nuestro país” y cuando la entidad había pedido la inyección de dinero público de fondos del Frob. Las políticas de remuneración, en opinión de la Fiscalía, deben ajustarse a la estrategia empresarial y a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de las entidades financieras (como, ejemplo, sus perspectivas de creciento sostenibles) y han de ser coherentes con los principios que rijan la protección de los clientes y de los inversores durante la prestación de los servicios.
La lista de demandas y querellas contra exdirectivos y exadministradores de cajas de ahorro desde que se diera el pistoletazo de salida con la intervención del Banco de España de la Caja CastillaLa Mancha para “garantizar su futuro” en marzo de 2009, resulta interminable y a Catalunya Caixa se unen casos como el de Bankia y sus 33 consejeros, Caja de Ahorros del Mediterraneo (“lo peor de lo peor”), Banco Valencia, Novacaixagalicia, Caixa Penedés, Banca Cívica, Caja Sur, Caja Castilla La Mancha y otros como las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu, denuncias tan determinantes como la concesión de préstamos supuestamente irregulares; prejubilaciones opacas autoconcedidas; supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal; saqueo; delitos continuados de apropiación indebida con afectación de los intereses generales, o splemente robo.
Los años pasan y las sentencias judiciales se hacen esperar, probablemente la complejidad de muchas de las causas investigadas y el temor de los expertos y acusadores reside en la dificultad de demostrar una culpabilidad clara, dado que la diferencia entre un error de gestión y un fraude es comprobar si se hace con reiteración y si alguien se beneficia de una forma continuada. Cerca de 150 ex mandatarios de las cajas esperan fallos y sentencias que pueden terminar con algunos de ellos en prisión, aunque expertos judiciales y las acusaciones particulares se muestran pesistas al reto a que se enfrenta la Justicia española, lo que hace que la celebrada sentencias de Séneca de que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, cobra toda su vigencia.
El gobierno español optó en su momento una reforma financiera que pedía que ninguna entidad financiera quebrara, muriera, desapareciera; en definitiva no aceptó que existieran problemas de solvencia aparte de liquidez. Todo ello ha costado el equivalente a 10.126.000.000.000 de pesetas y los manuales apuntan a que todo ello no puede pasar sin que alguien asuma responsabilidad.
Carlos Díaz Güell es editor de Tendencias del Dinero, innovaspain.com y consultor de comunicación empresarial
