La doble moral funciona y en este país ha funcionado toda la vida. Desde el prero de enero de 2010, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Financiación de RTVE, TVE no puede emitir publicidad convencional ya que la norma obliga al ente público a financiarse sin anuncios, aunque dejaba abierta la puerta del patrocinio para captar fondos, si bien cualquier fórmula que se ampare bajo ese paraguas no deben representar interés comercial alguno (sic). Cerca de 20.000 presencias anuales sin intereses comerciales, son muchas presencias desinteresadas.
Hoy, cuando han transcurrido casi cuatro años de la entrada en vigor del texto legal y como suele ocurrir cuando la norma bendice la máxa que señala que cuando se cierra una puerta, otra se abre, la programación de la televisión pública española se ha convertido en una especie de patio de monipodio en donde casi todo se compra y casi todo se vende y en donde no resulta extraño que, en cualquier telediario, aparezca el presentador de una noticia con una prenda del patrocinador de turno o con un gigantesco cartel como fondo de plano, que más tiene que ver con publicidad directa que con publicidad sublinal o con cualquier otra fórmula comercial que para muchos, y sobre todos para las cadenas privadas, puede suponer un fraude le ley de densiones más que considerables, aunque el que más y el que menos se beneficia de la restricción en RTVE y sus quejan y lamentos no pasan de ser sples murmullos que no sobrepasan el ámbito doméstico.
TVE se financia en la actualidad con un presupuesto aprobado el Congreso y que tienen un límite la mitad del cual procede de los Presupuestos Generales del Estado y el resto del supuesto patrocinio, más el 80% de los ingresos que perciba el Estado la recaudación de tasas el uso del espacio radioeléctrico, más el 0,9% de los ingresos brutos de explotación de los operadores de telecomunicaciones, más el 3% de los ingresos de los concesionarios o prestadores del servicio de televisión en abierto, más el 1,5% de los de las cadenas de pago.
Con anterioridad a la Ley, RTVE ingresaba unos 500 millones de euros la venta de espacios publicitarios, algo que ahora tiene que buscarlos otro lado y cuya práctica comienza a ser agobiante para el espectador, en la medida en que el margen de interpretación en el que la ley no entra puede ser tan holgado como arriesgada quiera ser la gestión de la coración pública dirigida GonzálezEchenique.
Así las cosas, TVE parece haberse lanzado a una desenfrenada carrera que le permita reducir costes y ello cada vez son más patentes la lista de empresas que colaboran “graciosamente” y sin interés comercial alguno con TVE con espacios, programas completos o splemente dejando que su producto estrella chupe cámara durante unos instantes en cualquier programa de cocina.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente pronunciarse sobre los modelos de financiación de algunas televisiones públicas europeas como la francesa y la española, sentencia que afectaría a una hipotética decisión del Gobierno sobre una vuelta de la publicidad a TVE.
Carlos Díaz Güell es editor de Tendencias del Dinero, innovaspain.com y consultor de comunicación empresarial
