Un culebrón tiene menos entresijos que el de la TDT en España. Ahora la sartén la tiene el mango el Tribunal Supremo que, tras dictar sentencia, ahora tiene que pedir su ejecución al Gobierno, responsable últo de resolver al ser quien otorgó las licencias sin concurso, independientemente de quien gobernara entonces. Las partes que se presentaron han hecho llegar al Supremo unas alegaciones con las que este deberá decidir cómo ejecutar la sentencia ¿o no?
La pregunta del millón es si el Supremo dictará una ejecución de la sentencia, concretando los términos de la misma, o volverá a ser ambigua dejando en manos del Ejecutivo la decisión. La parte denunciante, representada MassMedia Assistants vs. Infraestructuras y Gestión 2002 S. L., ha presentado unas alegaciones en las que solicita, en prer instancia, que se ejecute la sentencia, que ya ha sido dictada, pidiéndole que especifique si hay que cerrar los canales y cuántos puesto que, insisten, pese a que el Gobierno habla de nueve, eso no se dice en el texto del Alto Tribunal.
Además, defienden en sus alegaciones que hay que cerrar todos los canales que no fueron entregados concurso. Añaden que la sentencia no concreta y le han pedido que lo haga, insistiendo en que deben ser 17 los anulados. Por la contra, el resto de cadenas, a excepción de Mediaset que entonces no se personó en la causa, alegan que no hay procedencia para el cierre de canales en base a la justificación de su título.
Los denunciantes, según explicaban a prnoticias, recalcan que la sentencia afirma que hay concesiones que no son legales y el Supremo, que es quien tiene que ejecutarla, lleva once meses sin hacerlo. La duda es si la ejecutará en términos concretos o pasará la pelota al tejado del Ejecutivo dejando en su mano la decisión de revocar la concesión de los nueve canales sin aclarar a qué se refiere cuando, en la sentencia, dice: ‘Determinadas concesiones que no están amparadas’.
Para los denunciantes la forma escrupulosa de cumplir la sentencia es quitar canales y prometen que, de no ser satisfactoria la ejecución de la sentencia dictada el Supremo y Gobierno, seguirán recurriendo hasta llegar a Bruselas donde ya hay antecedentes, en otros países de la UE, los que el organismo europeo ha hecho a los Gobiernos cerrar canales no otorgados mediante concurso.
El 27 de noviembre de 2012 el Tribunal Supremo anulaba un acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010, el que asignaba directamente y sin concurso un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal. El 22 de marzo de 2013 el Consejo de Ministros anunciaba que ejecutaría la sentencia del Supremo cosa que, hasta la fecha, no se ha hecho.
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