La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) explica que el sistema que se quiere plantar supondrá un mayor desembolso para el ciudadano –además de ser de peor calidad–, e incluirá un examen cuando se trate de recuperar los puntos o exista una sentencia judicial de medio.
Hasta el presente, eran solamente los cursos de recuperación total los que incluían una prueba en la Jefatura de Tráfico al terminar las clases.
La Confederación teme que los cambios anunciados repercutan negativamente en la Seguridad Vial (dado el papel crucial desempeñado los cursos de sensibilización y reeducación vial a la hora de modificar la conciencia y el comtamiento de los infractores reincidentes).
CNAE, en un comunicado en el que hace explícita su postura en este tema, ha anunciado que utilizará todos los medios legales a su alcance para que los cursos de sensibilización y reeducación vial, correspondientes al “Permiso puntos”, se den únicamente en todas aquellas autoescuelas que reúnan los requisitos adecuados. Además, defenderá que los cursos sigan siendo partidos profesores de Formación Vial debidamente preparados.
Texto del comunicado completo
La junta directiva de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), integrada los presidentes de las federaciones de autoescuelas de las 17 Comunidades Autónomas de España, aprobó ayer en Madrid, con un sólo voto en contra:
1. Iniciar cuantas acciones sean necesarias, y todos los medios legales a su alcance, para que los cursos de sensibilización y reeducación vial, correspondientes al ‘Permiso puntos’, se den en todas aquellas autoescuelas que reúnan los requisitos adecuados y continúen siendo partidos profesores de Formación Vial debidamente preparados.
2. Que los cursos sean controlados de forma eficaz para que no se pierda el espíritu al que obedeció su creación: la reeducación de los infractores reincidentes (cuya conducta constituye una amenaza para la seguridad vial), y que unos test de examen memorizados de cualquier manera no sean el único método de supervisión de la efectividad de los cursos.
3. Ha de haber garantías de que el ciudadano sancionado que hace un curso asiste a clase y recibe en ella una información y una formación tales que le permitan adquirir o recuperar un comtamiento seguro al volante. Es lo que había ocurrido hasta ahora, como han permitido constatar los estudios de dos universidades distintas (la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Madrid). En dichos estudios, las enseñanzas y los profesores han merecido la calificación de ‘excelente’.
4. Que tanto las víctas como los psicólogos sigan teniendo una participación activa en los cursos, ya que su intervención en ellos (sobre todo la de las víctas), se ha revelado fundamental.
5. Que el examen no entrañe un sobrecoste para el ciudadano y que, para hacerlo, no tenga que esperar indefinidamente el aviso de las autoridades. Muchas jefaturas carecen hoy de medios humanos suficientes incluso para llevar a cabo la tarea cotidiana de examinar a los aspirantes a conductores; en algunas provincias hay retrasos de más de un mes en los exámenes de circulación.
6. Que los centros estén obligados a iniciar un curso como máxo dentro de los quince días siguientes a la solicitud del servicio parte del ciudadano.
7. Que los centros puedan ser inspeccionados la Administración en cualquier momento, incluso en mitad de un curso (como sucede ahora).
8. Que el ciudadano no tenga que desplazarse más de 20 km desde el lugar de residencia hasta el centro más cercano, tanto para hacer el curso como para examinarse.
9. Confiamos en que la Administración acepte estas peticiones que realizamos en nombre de la gran mayoría de las autoescuelas del país, así como de la sociedad en su conjunto. La liberalización anunciada debe procionar un servicio sin merma. Las personas que acudan a los cursos de sensibilización y reeducación vial han de recibir una enseñanza de calidad, sin sobrecoste y en un sitio cercano (como sucede ahora); además, han de poder examinarse en tiempo y forma.
