En la Tierra a sábado, diciembre 21, 2024

UTECA estalla contra Soria por el cierre de los canales TDT y anuncia acciones legales

En un nuevo capítulo de la batalla los nueve canales de TDT, cuya cierre ha ordenado ejecutar el Gobierno antes del 6 de mayo, la patronal de las televisiones UTECA acaba de enviar una ‘carta abierta’ al Ministro de Industria José Manuel Soria, advirtiendo de los riesgos para puestos de trabajo, perjuicios económicos e inseguridad jurídica que acarrearía esta decisón. En una dura carta de la que se desprende que se han roto la negociaciones se ofrecen para seguir dialogando, pero también avisan de que emprenderán ‘todas las acciones legales necesarias para la defensa de sus derechos’.

 


POR SU INTERÉS TRANSCRIBIMOS ÍNTEGRA LA CARTA QUE HAN FIRMADO CONJUNTAMENTE JOSÉ MANUEL LARA (ATRESMEDIA) Y ALEJANDRO ECHEVARRÍA (MEDIASET) Y DIRIGIDA DIRECTAMENTE A JOSÉ MANUEL SORIA.

 

 


 

Excmo. Sr. D. José Manuel Soria:

 

Desde la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) queremos hacerle llegar esta carta con el fin de hacer pública y oficial nuestra más absoluta perplejidad y disconformidad con la resolución que desde la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) se remitió a nuestros asociados la semana pasada, y en la que se requiere a los cuatro operadores nacionales de televisión el cese de emisiones de nueve de los veinticuatro canales que actualmente emiten a través de la TDT, antes del 6 de mayo.

 

El cese de emisiones de nueve canales de televisión al que se nos está forzando supone una situación sin precedentes en cualquier democracia, un ataque a los derechos de los ciudadanos, que van a ver reducida su capacidad de elección y una significativa merma de los canales que ofreció la transición de la televisión analógica a la digital, mayoritariamente gratuita.

 

Queremos hacer constar también que, más allá de esta preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio, el cierre de nueve canales plicará un pacto económico en toda la industria audiovisual española. Productoras, creadores, artistas, proveedores tecnológicos y otros muchos actores plicados en la cadena de valor del audiovisual se verán afectados, y en muchos casos, gravemente. Un tante número de puestos de trabajo, directos e indirectos, se pondrán en riesgo con esta decisión. A ello se suman los millones de euros invertidos para poner en marcha estos canales, y que, con su cierre forzoso, splemente se perderán.

 

Pero en materia económica es aún más lo que se está poniendo en riesgo. La inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria que se desprenden de esta decisión están provocando la paralización de futuras inversiones, y que empresas tanto nacionales como internacionales se cuestionen la idoneidad de instalarse en nuestro país y de invertir en nuestro sector audiovisual. Es posible que el descrédito al que se somete a la marca España con el cierre de esos nueve canales de televisión no haya sido adecuadamente valorado su Ministerio cuando decidió emprender este camino.

 

El requeriento que han recibido los cuatro operadores nacionales de televisión es el resultado de una incomprensible y alarmante inacción parte de su Ministerio y un intento de dar carpetazo final a una situación que durante 18 meses UTECA se ha esforzado solucionar de forma cordial y beneficiosa para todas las partes.

 

Desde que en noviembre de 2012 el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando no ajustada a derecho la situación de nueve canales de TDT, UTECA ha presentado al Ministerio y a sus representantes opciones técnica y legalmente viables capaces de enmendar los errores que en su día cometió la Administración, y en los que está el único origen de dicha sentencia, con el fin de mantener las emisiones y evitar una situación extrema y de graves consecuencias sociales y económicas.

 

Como usted bien sabe, la resolución del Tribunal Supremo a la que ahora apelan para ordenar el cese de emisiones tan sólo constata que en la fase final del proceso de transición de las emisiones analógicas a la TDT, que debía culminar con la debida asignación a los operadores del espectro necesario para la emisión de cuatro canales licencia si habían cumplido con todos sus compromisos, fue la propia Administración quien incurrió en una serie de errores y carencias puramente formales. Los operadores cumplieron todas las obligaciones que se les habían puesto, pero la Administración se retrasó en reconocerlo hasta después de la aprobación de la nueva Ley General Audiovisual. Ese es el único origen de esta dramática situación, que incluso podría empeorar en el futuro si no se toman las medidas necesarias.

 

La propia sentencia en la que se escuda su Ministerio señala a la Administración como único culpable y reconoce que los damnificados serán las televisiones, al considerar legítas sus reclamaciones daños y perjuicios, ya que cumplieron sus obligaciones durante el proceso de transición a la TDT.

 

Nos permitos recordarle que la sple aprobación de un Real Decretoley que enmendara dichos errores administrativos y reconociera los compromisos asumidos el Gobierno en el año 2005, permitiría mantener sin coste alguno las actuales emisiones. Esta opción presentada UTECA se fundamenta en soluciones ya tomadas su propio Ministerio para otros sectores como el energético.

 

Sin embargo, en lugar de solucionar los errores administrativos y hacer cumplir aquello que en su momento el Gobierno acordó con los operadores, su Ministerio exige el cese de los canales, con lo que tan sólo generará mayores perjuicios para los operadores de televisión y para el conjunto de los españoles.

 

En UTECA creemos que aún se está a tiempo de evitar las desastrosas consecuencias de esta resolución, y como siempre, le manifestamos nuestra permanente disposición de reunirnos con usted y sus colaboradores con ese fin.

 

También queremos poner en su conociento que, como es lógico, UTECA y todos sus asociados, que ya han solicitado el amparo del Tribunal Constitucional, estamos decididos a emprender todas las acciones legales necesarias para la defensa de nuestros derechos y los de los telespectadores, a quienes se quiere condenar a ver drásticamente reducida la oferta de información y entreteniento, de la que actualmente disponen.

 


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