Poco le ha durado el puesto a la que hasta ahora era secretaria autonómica de Comunicación de la Comunidad Valenciana. Lola Jonhson, también ex consellera de Camps y directora de la Televisión Valenciana, dite de su cargo tras ser putada, junto a la cúpula de RTVV, un delito de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales (lo que se traduce en un agujero de 1.300 millones de euros en el ente autonómico). El puesto de dircom de Fabra queda, ahora, vacante.
En diciembre del año pasado anunciábamos el nombramiento de Lola Jonhson como secretaria autonómica de Comunicación de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat. Cinco meses después, ha tenido que presentar su disión después de que el juzgado de Prera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna la putara junto a Luis Redondo, exdirector de Canal 9, Lluís Motes, exdirectivo de la televisión autonómica, Nuria Romeral, exdirectiva de la radio pública, y José López Jaraba, exdirector general de RTVV, su supuesta responsabilidad en la gestión económica y patronial que provocó el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Los motivos que ha dado la ya exdircom de la Generalitat, en un comunicado, tras presentar su disión han sido que no quiere ‘perjudicar la agen del Consell’ ni ‘que nadie pueda utilizar en su propio beneficio esta denuncia’.
En este comunicado, Johnson se defendía asegurando que ‘todas las actuaciones a lo largo de su vida profesional se han ajustado a la legalidad y a la defensa del interés general’, lo que se ofrece a colaborar con la justicia en todo momento. Y para comenzar tiene que acudir el próxo 8 de julio, junto a Redondo, a declarar tras la denuncia presentada Compromís contra estos exdirectivos. El 9 del mismo mes están citados Motes y Romeral. Respecto a Jaraba, la juez dirige un exhorto a los Juzgados de Madrid.
El fin de RTVV
Johnson es la prera vícta política que se cobra el caso de la RTVV. Este agujero de 1.300 millones de euros, el que ha tenido que ditir de su cargo como dircom de Fabra y el que está putada, provocó que la Generalitat tuviera que asumir la deuda de la Radiotelevisión Valenciana. El Gobierno valenciano reestructuró el ente público creando una nueva sociedad libre de cargas y presentando un ERE que afectó a alrededor de 1.000 trabajadores. Un ERE que la Sala de lo Social del TSJ declaró nulo, lo que la nueva empresa se vio obligada a readmitir a todos estos trabajadores que habían sido despedidos. Pocas horas después de la sentencia, el propio Alberto Fabra compareció públicamente para anunciar el cierre definitivo RTVV, justificando que ‘la sentencia supone 40 millones que no tenemos para satisfacer la readmisión y no podemos quitárselos a las partidas de Sanidad, Educación y Políticas Sociales’. El resto ya es historia…
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