‘El derecho a la privacidad en la era digital’ será en la jornada de hoy protagonista de la 27ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tiene lugar en Ginebra. Tras la presentación de este informe –elaborado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se celebrará una mesa redonda en la que participarán representantes de Reteros Sin Fronteras (RSF) y donde pedirán que se incluya la seguridad informática en las resoluciones sobre la protección de los periodistas.
RSF ha preparado una declaración oral en la que alerta sobre los peligros que entraña la vigilancia digital para la libertad de información y el derecho a la intidad y resalta la necesidad de una regulación estricta al respecto. Estas peticiones están en línea con los resultados del informe realizado el Alto Comisionado y que será sometido a votación. En el texto se alerta sobre la vigilancia masiva de los gobiernos, la cual ‘se está convirtiendo en una peligrosa costumbre, en lugar de ser una medida excepcional’. Como consecuencia, se insta a los gobiernos a adoptar ‘medidas inmediatas’ para ‘revisar sus propias leyes nacionales, así como políticas y prácticas para asegurar la plena conformidad con el derecho internacional sobre derechos humanos’.
Su llamada es urgente que la vigilancia sobre los proveedores de noticias está poniendo en peligro la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Permite a las autoridades espiar a sus fuentes y sus actividades, así como controlar el contenido de sus comunicaciones.
Reteros Sin Fronteras pide al Consejo de Derechos Humanos que incluya el asunto de la seguridad cibernética en las resoluciones sobre la protección de los periodistas. También insta a los gobiernos a respetar los ‘13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos para la vigilancia de comunicaciones’ que se redactó un colectivo de ONG .
Las actividades de vigilancia gubernamentales deben ser reguladas y supervisadas autoridades judiciales independientes, y deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y procionalidad. Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos incluyeron recomendaciones a tal efecto en los informes emitidos en junio 2013 y junio 2014.
Estos informes critican el secretismo que rodea las operaciones de vigilancia y piden más transparencia gubernamental. RSF ha denunciado los intentos legislativos para prohibir cualquier revelación sobre la vigilancia. De Australia a Túnez, las leyes que se están redactando prevén largas penas de prisión para cualquier persona que revele dicha información.
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