El modelo sanitario español es objeto de debate político desde hace años, sobre todo a tenor de la plantación de medidas de contención del gasto que han sido ampliamente cuestionadas los profesionales del sector.
En este sentido, el reto de comunicar la necesidad de acometer reformas en el sistema sanitario e plementar un modelo mixto de colaboración públicoprivado no tiene paragón en el momento actual, al calor de la ola de recortes en los últos años como consecuencia de la grave crisis económica.
Ante este panorama, se antoja prescindible apostar la más absoluta de las transparencias que, incluso, sonroje y deje en evidencia la pureza de las prístinas aguas de Lanjarón, poner sólo un ejemplo.
La percepción social del acceso a la sanidad como uno de los derechos fundamentales que emanan de la Constitución de 1978 es, junto con la educación y la vivienda, uno de los tres rasgos grabados a fuego en el aginario colectivo de la sociedad española de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Es ello que el tema del debate entre sanidad pública y sanidad privada levanta tantas pasiones entre un público objetivo, la sociedad española, plenamente informada y consciente de sus derechos al respecto.
Pero el debate para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario no es exclusivo de España. En otros países de la Unión Europea, el proceso de privatización es incipiente e parable. Así, en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Portugal, citar algunos, la externalización de servicios y el copago están plantados con éxito desde hace años en mayor o menor medida.
Por su parte, España es desde hace décadas un referente de calidad sanitaria para muchos países. Su sistema mixto públicoprivado ofrece un servicio garantista en el que los ciudadanos pueden confiar. Y ésta es precisamente la clave para asistir a una convivencia pacífica, si me permiten la expresión, y necesaria entre las redes sanitarias públicas y privadas de cara a asegurar su futura sostenibilidad económica.
Las empresas de servicios sanitarios deben, tanto, poner el foco en la adecuada inversión en personal y material, una gestión profesional que estandarice el servicio, y aquí es donde entra la comunicación, en la medición permanente de la satisfacción del paciente a través de sistemas de sugerencias, quejas, reclamaciones, etc., que retroalente la gestión y supongan una mejora constante de los procesos asistenciales.
El modelo sanitario español, totalmente descentralizado al estar las competencias en la materia transferidas a las respectivas Comunidades Autónomas está a la altura de lo que se practica en los denominados países de nuestro entorno. Sin embargo, la necesidad de adecuarlo a la realidad presupuestaria que ha supuesto la profunda crisis económica actual hace evidente la atación de recursos llegados desde el sector privado.
En principio, la gestión privada de los hospitales lleva años funcionando a pleno rendiento y a total satisfacción de los usuarios de los mismos, según se recoge en las encuestas de satisfacción que miden la calidad del servicio.
Sin embargo, cuando se nombra el copago o la apuesta la gestión privada de los recursos hospitalarios se abre literalmente la caja de pandora de la sensibilidad social y las posturas ideológicas se extreman hacia planteamientos demagógicos basados más en lo visceral que en el análisis frío y desafectado de las cifras y encuestas de calidad.
El reto, tanto, para que los gestores sanitarios puedan decidir emprender políticas flexibles que den entrada a la iniciativa privada y palíen las estrecheces de los presupuestos públicos puede depender de la puesta en marcha de una adecuada política de comunicación que traslade al usuario final la necesaria e prescindible convivencia entre ambas caras de una misma moneda.
Ante la palabra tabú de la privatización, esgrida los actores sectoriales en contra de la apertura del sistema sanitario público a la iniciativa privada, se contrapone de manera tozuda la realidad de las cifras y la estrechez de los presupuestos.
Pero el rechazo generalizado a la supuesta privatización del sistema sanitario se produce, curiosamente y de manera mayoritaria, entre los profesionales del sector, la llamada ‘marea blanca’ con su ya célebre eslogan ‘la sanidad pública no se vende, se defiende’. Mientras, entre los usuarios del sistema esa aversión es mucho más comedida y matizada y depende, en gran medida, del manteniento de la gratuidad y de la calidad asistencial del mismo.
Una adecuada política de comunicación debería centrarse, consiguiente, en resaltar esas ideasfuerza entre los usuarios del sistema sanitario: la universalidad y gratuidad, además del manteniento de unos elevados estándares de calidad. Asismo, emplearía mensajes segmentados para dirigirse a los contribuyentes del mismo, que no tienen qué ser los usuarios, al menos de momento, centrados más en la eficiencia económica del mismo y en los ahorros que se producen, vía economías de escala y sinergias, sin perder nunca de vista el listón de la calidad asistencial, auténtica espada de Damocles para valorar la continuidad de las contratas y decidir sobre la continuidad de las empresas privadas prestatarias del servicio.
Todo lo anterior, a su vez, debería estar salpentado con abundantes dosis de transparencia que pregnasen todos y cada uno de los pasos a dar en el sistema sanitario público gestionado empresas privadas. El envío de las llamadas facturas en la sombra a los usuarios del sistema, es decir, detallar el coste real que hubiese supuesto el pago de un tratamiento específico, no sólo sirve para concienciar sobre el coste del mismo sino para valorar esta iniciativa en términos de transparencia informativa.
Con esta estrategia de comunicación se trataría de borrar la tenue línea que, en estos momentos, separa el rechazo de los usuarios del sistema sanitario con la valoración que tozudamente se expresa en las múltiples encuestas de satisfacción que se realizan de forma periódica para comprobar entre los pacientes y familiares la ‘salud’ del mismo. Aunque, últo, no se debería obviar la tancia de la comunicación interna para explicar a los profesionales del sector el funcionamiento de los sistemas híbridos públicoprivados y las ventajas que conllevan. Sin duda todo un desafío.
Por Fernando Geijo, consultor sénior de Estudio de Comunicación.
