El periódico bonaerense titula este jueves que ‘El Ejecutivo aprobó un nuevo ataque contra el Grupo Clarín’, así como denuncia al Gobierno de Cristina Fernández de acusaciones infundadas para rechazar el plan de adecuación voluntaria.
Todo esto viene que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de Argentina decidió el pasado miércoles que el Estado sea el que decida a quién se venden las unidades que conforman el Grupo Clarín, al rechazar la propuesta presentada el diario, ya que encontró vínculos societarios entre las partes en las que proponía dividirse.
Tras conocer esta resolución, el rotativo ha criticado con dureza la decisión de la Afsca, a la que califica de “brutal y política”, y desmiente los supuestos vínculos. Además, ha anunciado que recurrirán a la Justicia del país latinoamericano el trato ‘desigual’. Algo que no considera el jefe del Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, quien ha defendido este jueves que ‘todos somos iguales ante la ley’ lo que ‘no hay trato desigual’ de la misma.
Capitanich acusó a Clarín de intentar realizar un ‘absolutismo monárquico’ para que la ley no se aplique y así seguir emitiendo mensajes ‘unidireccionales’ que coartan la libertad de expresión, ya que los ‘grupos mediáticos concentrados no defienden’ este derecho, sino ‘sostener su libertad de prensa para extorsionar a los gobiernos en virtud de sus propios intereses’.
El jefe del Gabinete del Gobierno argentino criticó que durante cuatro años el Grupo Clarín consiguiera aplazar la aplicación de la Ley de medios audiovisuales a través de ‘ardides judiciales’, una enmienda, aprobada el Congreso en 2009, que fija para los medios privados de difusión nacional un límite (35%) en cobertura de televisión y abonados en la de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión cable y una satélite.
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