En una entrevista realizada prnoticias, el tavoz de la Coalición Prointet, Carlos Astiz, ha asegurado que ‘la Ley de Propiedad Intelectual es una chapuza ya que el Gobierno ha cedido a los intereses de los grandes medios sin tener en cuenta a todos los afectados’.
La Ley de Propiedad Intelectual, que en estos momentos se debate en el Senado, tiene como principal opositor a la Coalición ProIntet, una entidad constituida empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos que se opone al artículo 32.2 de esta normativa referente al Canon AEDE y al carácter irrenunciable de los derechos de autor.
Esta medida que, en palabras de Carlos Astiz, ‘intenta convertir el enlace de contenidos en un derecho denunciable el que se debe pagar’, perjudica gravemente a los agregadores como Google News o Menéame’, entre otros.
En este sentido, Astiz recalca que el resultado es un ‘planteamiento contradictorio, ya que para muchos de los editores el sple hecho de que los agregadores lleven tráfico a sus webs supone ya una compensación suficiente’, y como añade Astiz, es una posición que ‘obliga a los editores a tener que cobrar sus derechos sin que estos tengan la posibilidad de gestionar sus derechos como mejor les parezca’.
Por su parte, el director de la Coalición ProIntet insiste que este ‘Canon AEDE’, también conocido como ‘tasa Google’, ‘supone un doble favor del Gobierno para las grandes empresas: en prer lugar, que convierte ese enlace de contenidos en un coste que tienen que pagar los enlazadores (usuarios y agregadores) y, en segundo lugar, que ese coste va a provocar una reducción de agregadores y, consecuentemente, también de competencia.
Astiz tampoco se olvida de los usuarios, que van a ver como ‘tendrán que pagar este canon a través de los Presupuestos Generales del Estado, a la vez que dispondrán de una oferta informativa menor’.
Las reacciones ante esta Ley de Propiedad Intelectual no han tardado en llegar y, como recuerda Astiz, ‘Google ya ha amenazado con que no pagará los 100.000 millones de euros que supuestamente tendrían que pagar’, provocando su posible cierre y marcha de España.
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