En una carta enviada al Comité de Derechos Humanos de la ONU, varias organizaciones han dirigido sus críticas contra la existencia en España de ciertos marcos legales y regulaciones, ya que ‘pueden pactar negativamente en la libertad de expresión y opinión’. De esta forma, el periodismo español vuelve a estar en el ojo del huracán de las críticas tanto a nivel nacional como en el extranjero.
La Federación Europa de Periodistas, el International Press Institute y Reteros Sin Fronteras, entre otras, han expresado así su preocupación la presencia de ‘leyes españolas que no se adhieren a los principios de libertad de expresión’.
En prer lugar, los signatarios de este informe han señalado que España cuenta con ‘leyes de difamación que no logran un justo equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación del individuo, lo que puede llegar a afectar seriamente el libre flujo de la información al tener un efecto intidatorio sobre aquellos que producen información’.
En este sentido, la carta advierte del daño que ‘la calidad democrática sufre a consecuencia de estas leyes’ y reprocha que ofender al Estado español o a sus emblemas sigue siendo un delito penal, así como difamar a una amplia gama de instituciones como el Parlamento Español, las Fuerzas Armadas o la Familia Real.
En segundo lugar, los firmantes también han manifestado que España ‘es el único país de la Unión Europea que carece de un órgano regulador nacional e independiente dedicado a la radiodifusión’ y han lamentado que el Gobierno actual haya abandonado la iniciativa de crear un Consejo Estatal de Medios de Comunicación que cubriese ese vacío.
En tercer y últo lugar, se ha criticado que el derecho al acceso a la información no esté reconocido en España y, en consecuencia, ‘se encuentre en clara contradicción con los respectivos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
‘El no reconocer el derecho de acceso a la información es una negación del derecho de la población a estar informada, ya que se dificulta al público y a los grupos que velan el interés general tales como periodistas y organizaciones civiles’ según ha sentenciado esta carta que, además, no se olvida de la Ley de Transparencia aprobada en 2013, de la que ha indicado que ‘excluye el alcance de información clave sobre el derecho de acceso a la información’ y permite el silencio administrativo.
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