El encierro indefinido de una treintena de afectados Hepatitis C en el Hospital 12 de Octubre de Madrid desde el pasado jueves para exigir al Gobierno una partida presupuestaria destinada a las medicaciones que necesitan fue el tema con el que muchos medios de comunicación abrieron sus ediciones del pasado vies. Pero esto fue solo el principio de un vertiginoso fin de semana.
A estas reclamaciones se sucedieron muchos titulares más, como el inaudito levantamiento de la sociedad científica ante al Ministerio de Sanidad debido a la aprobación del documento titulado ‘Estrategia terapéutica de priorización’ que, pese a recibir el visto bueno en el Consejo Interterritorial todas las Comunidades Autónoma, ha sido calificado de ‘obsoleto’ y ‘al margen de la evidencia científica’ los hepatólogos españoles. Estos especialistas acusan a la autoridad sanitaria de ‘poner en riesgo la salud de los pacientes’ dificultar el acceso a los fármacos innovadores y recomendar tratamientos ‘con efectos adversos graves’ contraviniendo las recomendaciones ‘de cualquier guía nacional o internacional’.
Sin embargo, el suceso más lamentable de todo el fin de semana ha sido la noticia de la muerte de una enferma en la noche del sábado debido a que no recibió a tiempo el tratamiento con Sovaldi recetado su médico. El comité de expertos que debe autorizar y aprobar las peticiones del mismo tardó en tomar una decisión varias semanas, lo que no empezó a recibir su tratamiento hasta 15 días después.
Esta noticia hizo que el lema de la vigéso sépta Marea Blanca convocada para el domingo derivara a un apoyo explícito a los enfermos de Hepatitis C y sus reclamaciones al Gobierno para que les permitan ser tratados con medicamentos de últa generación que los expertos tildan de ‘excelentes’ y que recomiendan incluso desde las fases más tempranas de la enfermedad, como Sovaldi (Gilead).
Este tratamiento cuesta unos 25.000 euros cada terapia de 12 semanas, pero debe prescribirse en combinación con otros fármacos para alcanzar una tasa de curación de hasta el 95% con lo que el precio total del tratamiento puede superar los 40.000 euros. El Gobierno ha consignado 125 millones para financiarlo en este ejercicio, de tal forma que solo unas 4.900 personas, las más graves, tendrán acceso a él.
Pacientes y profesionales de la salud solo piden una solución que ‘está al alcance del Ministerio’. Tal es la indignación, que la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha recomendado ‘explícitamente’ a sus asociados que no sigan la guía ministerial que dicta la terapia que debe prescribirse a cada paciente.
Seguiremos informando…
