Desde el 1 de enero está en vigor la norma reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que hará que los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental de uso médico y hospitalario, con algunas excepciones, pasen a tributar del 10 al 21%. El Gobierno cumple así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le condenó no equiparar su IVA sanitario al resto de países europeos. Sin embargo, el sector de la sanidad privada teme que esta subida ponga en peligro 21.000 puestos de trabajo.
La sanidad estrena año con una noticia que según prevé la sanidad privada, podría obligar al cierre de centros y al consiguiente despido de trabajadores; y es que, el IVA de todos los productos sanitarios sube del tipo reducido, al tipo general, es decir, del 10% al 21%.
Solo se salva de esta subida, todo aquello relacionado con la discapacidad, es decir, los productos que estén diseñados para personas que tengan deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales, como como las gafas graduadas, prótesis, sillas de ruedas o muletas. También se mantienen a tipo reducido los productos sanitarios como las gasas, vendas, botiquines para preros auxilios o parches oculares.
Organizaciones como el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la Federación Nacional de Clínicas Privadas (CNCP), la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados y la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico, alertan de que esta medida, tomada de golpe en vez de hacerlo de forma gradual, hará temblar los presupuestos.
Según un informe elaborado la Fundación IDIS, los hospitales privados tendrán un incremento de los costes equivalente al 0,8% de sus ingresos. Por tanto, insisten en que si no se toman medidas de apoyo a las partes de la cadena de valor afectadas y no se plantean medidas de estímulo a la compra de tecnología, como ocurre en otros sectores productivos, ‘la subida puede poner en riesgo la actualización tecnológica futura’.
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