Después de meses de disputas Google y los editores españoles están trabajando para lograr un acuerdo de la mano de ‘Digital News Initiative’. La aprobación de la inacabada Tasa Google –también conocido como Canon AEDE– enfrentó a dos mundos y a dos enemigos que parecían irreconciliables. Paradójicamente las negociaciones entierran la aprobación de cualquier tipo de tasa, postergada desde diciembre del año pasado y dejan al margen al Ejecutivo.
El pasado 28 de abril Google anunciaba el lanzamiento de Digital News Initiative ‘una alianza creada para ofrecer apoyo al periodismo de alta calidad en Europa a través de la tecnología y la innovación’. Para Google el objetivo de esta nueva plataforma ‘es ofrecer soporte a un ecosistema de noticias sostenible y promover la innovación en el periodismo digital, mediante una colaboración permanente y de diálogo entre el sector tecnológico y el de noticias’.
Dicho en otras palabras Google ha encontrado la manera de contentar a los editores europeos y poner fin a las disputas que mantienen en varios países –incluidos en España– por la agregación de noticias y el uso de contenidos de los diferentes periódicos. En España la Ley de Propiedad Intelectual de diciembre establece que cualquier plataforma que agregue noticas, es decir que incorpore fragmentos relevantes, deberá pagar una tasa que a su vez es de carácter irrenunciable por parte de los editores.
Esto obligó a Google a abandonar su negocio de agregación de noticias en diciembre, antes de que se pusiese en marcha el canon. No obstante, con la salida del que en teoría iba a ser el principal ‘benefactor’ de la tasa, la Ley perdió todo el sentido para los editores. Han pasado cinco meses desde la promulgación y todavía nadie se ha pronunciado respecto de cómo se cobrará la tasa, ni quienes la recaudarán, ni menos de qué cantidades estamos hablando. Ni el Gobierno ni los editores han vuelto a hablar del tema. De hecho, Moncloa no ha vuelto a convocar ninguna reunión para explorar el hipotético desarrollo de la Ley.
Por el contrario quienes sí se han movilizado han sido los directivos de Google. En España han vuelto a sentarse con los editores desde hace unas semanas para presentarles Digital News Initiative y contar con su apoyo inicial. En su comunicación del 28 de abril Google ya avanzó los editores involucrados entre los que en España se encontraba ‘El País’, Unidad Editorial, Vocento, Grupo Godó, Grupo ’20 minutos’ y ‘El Confidencial’.
En este grupo vemos a los cuatro grandes de la AEDE: Prisa, Unidad Editorial, Vocento y Godó, pero además a ‘20 Minutos’, un diario que se posicionó frontalmente contra el Canon AEDE y a favor de Google. El segundo paso público de esta cercanía lo hemos visto hace una semana cuando ha sido la propia AEDE la que ha enviado una idílica nota de prensa en que se ha olvidado del lenguaje combativo y ha valorado la creación de Digital News Initiative. La AEDE ha ‘valorado positivamente’ el proyecto en el marco de la buena disposición que siempre han mostrado los editores representados por AEDE para explorar propuestas de cualquier operador relevante para el desarrollo del mercado digital’.
No obstante, la AEDE esconde sus cartas e indica que ‘es cautelosa respecto del alcance real del proyecto Digital News Initiative, toda vez que, a pesar de la buena disposición manifestada por Google, ni en el momento en el que el citado proyecto fue anunciando ni a día de hoy se conoce cómo los editores podrán participar en el mismo ni bajo qué fórmula serán accesibles las iniciativas planteadas’. Sabemos que la AEDE se ha reunido con Google –o al menos con sus principales socios- de lo contrario no se explica que su nombre aparezca en la nota de prensa de lanzamiento de la nueva plataforma.
Una cosa muy diferente es que todavía no se llegue a ningún acuerdo y que probablemente Google pida más de lo que los diarios pueden entregar. Dicho esto, lo que más sorprende es que AEDE y Google están negociando la ‘pax’ a espaldas de Moncloa, paradójicamente el principal valedor de los propios diarios. De concretarse los acuerdos estaríamos también ante el hecho inédito de que la Ley de Propiedad Intelectual se haya promulgado y que ahora nadie tenga interés –ni el propio Ejecutivo– de querer ponerla en marcha.
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