Muchas voces se han alzado contra la última enmienda propuesta por el Partido Popular y CiU a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impide la toma de imágenes de detenidos que ha aprobado la Comisión del Justicia del Congreso de los Diputados. Una de las más reticentes a esto ha sido la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), quien considera que la enmienda vulnera el derecho constitucional a la información. Asegura que lo que pretende es ocultar a los ciudadanos las imágenes de hecho de interés general, y además es contraria a uno de los pilares de nuestro sistema democrático.
El texto de la enmienda añade, al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ‘se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse (la detención) así como en traslados ulteriores’. Estas líneas han hecho saltar a los profesionales de la información.
A través de un comunicado, la APM pide tanto a PP como a CiU que recapaciten y retiren esta enmienda, que añade un capítulo más a los límites a los derechos de la libertad de expresión y a la información. Para la Asociación de la Prensa de Madrid, esta Ley se ve incentivada con la imposición de sanciones a la toma de fotos o a la grabación de fuerzas de seguridad que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana, que también atenta contra el derecho a la información.
No han sido los únicos que se han posicionado en contra la enmienda de PP y CiU. UGT también se ha pronunciado y ha catalogado esta enmienda de inconstitucional. A través de un comunicado, la Unión General de Trabajadores hace una conexión entre esta enmienda y ‘el martilleo constante de las televisiones de los casos de corrupción’.
