Es casi imposible poner de acuerdo a los periodistas y los editores. Empleados y empresarios muchas veces enfrentados y divorciados desde que la crisis se llevara por delante redacciones completas y cerrara muchos medios. Pero Moncloa ha obrado el milagro y ha logrado poner de acuerdo a las dos principales asociaciones de los dos colectivos. La tarde de ayer el Pleno del Congreso aprobaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entre otras cosas impide la captación y posterior difusión de imágenes de personas detenidas, una medida ampliamente rechazada por la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y por la Asociación de Editores de Diarios (AEDE).
Esta enmienda transaccional fue introducida la semana pasada por el Partido Popular (PP) para limitar la difusión de imágenes de los detenidos y con ello evitar en palabras del Ministro de Justicia Rafael Catalá ‘que la justicia se haga desde las escalerillas de los tribunales’. El último sonado caso que probablemente gatilló esta decisión fue el de Rodrigo Rato, el ex ministro del PP cuya detención en su casa fue emitida en directo por todas las televisiones y portales informativos.
En este sentido, la FAPE –que representa a las asociaciones de periodistas españoles- considera una limitación a la libertad de prensa esta enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ‘Si la detención se practica en un lugar público, y el hecho es de interés informativo, el periodista está obligado a contarlo, en cumplimiento del artículo 20 de la Constitución. En un país libre constituye un derecho fundamental del ciudadano recibir esa información’, ha indicado la entidad presidida por Elsa González.
En este caso la FAPE defiende la autorregulación en el Periodismo, ‘recuerda siempre su Código Ético y apela a la responsabilidad del periodista y de los medios de comunicación para tratar de preservar la dignidad y el honor del afectado’. La entidad también ha recordado ’que el derecho a la información se impone al derecho al honor, intimidad e imagen cuando hay divergencias entre ellos, según la jurisprudencia del Constitucional’.
Por su parte la AEDE –patronal de diarios impresos como ‘El Mundo’, ‘ABC’, ‘La Razón’ y ‘El País’- entiende que el texto aprobado por el Congreso limita el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz sobre temas de actualidad y de interés público. AEDE recuerda a los poderes políticos que el derecho a la libertad de información es un derecho protegido por el artículo 20 de la Constitución, y que constituye el pilar básico del estado de derecho. Sólo un ciudadano informado puede ser un ciudadano libre.
AEDE recuerda también que en la necesaria ponderación entre los derechos de imagen y el derecho de información, son los jueces y no los poderes políticos quienes deben fijar los límites. Los editores de prensa insisten en que ningún gobierno, institución, empresa o colectivo puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados.
AEDE solicita al Senado, siguiente paso de tramitación de la ley, que elimine los riesgos que para el derecho a la información introduce el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debe seguir garantizándose el derecho constitucional a la libertad de información de los ciudadanos y de sus medios de comunicación, han indicado.
