Cuando falta un día para que se celebre la votación del proyecto de Directiva de la Unión Europea sobre los secretos comerciales, la Federación Europea de Periodistas (FEP), se ha mostrado contraria al proyecto que se debatirá mañana en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. La oposición a esta propuesta se basa en que esta directiva es contraria a los derechos fundamentales y pone y beneficia a las corporaciones multinacionales por encima de los derechos democráticos, sociales y ambientales. La negativa hace hincapié en la adopción de una definición amplia y vaga de los secretos comerciales con la que se pretende calificar de delito la publicación de información que sea considerada confidencial por las empresas; aunque puedan tratarse de datos de interés público.
La prueba clara de las consecuencias de esta ley se basa en el escándalo Luxleaks y el enjuiciamiento en Luxemburgo del denunciante Antoine Deltour y del periodista Edouard Perrin, que pueden ser condenados a cinco años de prisión. Casos como estos son los que han promovido que 65 organizaciones no gubernamentales y líderes sindicales de diez países de la Unión Europea, han lanzado un llamamiento a los eurodiputados para que frenen esta amenaza que va de forma directa contra la transparencia y la democracia europea. En una votación del pasado 9 de junio los diputados de la Asamblea Nacional francesa adoptaron una resolución presentada por el diputado socialista Audrey Linkenheld, exigiendo que la Unión Europea cumpla sus compromisos con la libertad de información y exima a los periodistas del cumplimiento de las nuevas reglas, si se sancionaran.
