Después de meses de protesta para evitarlo, ha llegado el 1 de julio y ha entrado en vigor la conocida como Ley Mordaza. Muchos colectivos se han mostrado contrarios a su implantación, pero ha servido de poco. Uno de los sectores que más fuerza ha hecho contra la Ley Mordaza ha sido el del periodismo, que ha visto como se ha puesto en peligro la libertad de expresión y han denunciado la reducción de la libertad de prensa que suponen algunas de los artículos que conforman esta ley.
¿Cuáles son los puntos que afectan directamente al periodismo?
Son varios los artículos que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha denunciado por entender que se pone en peligro la libertad de prensa. Para este colectivo, la Ley Mordaza está dirigida a sancionar o penar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas, como Internet y las redes sociales. Además, otro elemento común es la ambigüedad de muchos de sus artículos que ponen estrechan mucho el margen para que casi cualquiera pueda ser acusado.
Entre los artículos denunciados se encuentra la Ley de Protección Ciudadana, concretamente el 30.3 que multará con sanciones de hasta 600.000 euros a todo aquel que ‘aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación (…) por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan (…) pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas. Además, La reforma en materia de terrorismo es la más grave, por la importancia de las penas y la suspensión de derechos fundamentales (como la detención incomunicada o la violación del secreto de las comunicaciones) que supone para quien resulte acusado. Afecta al periodismo de filtraciones, como el caso Falciani.
Además, La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, amplía los supuestos por los que se pueden realizar pinchazos telefónicos sin control judicial, un riesgo para las comunicaciones de activistas y periodistas. Por último, y siendo una de las más polémicas, se considera infracción grave ‘el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes’. Las multas pueden ser de hasta 30.000 euros.
Coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Mordaza, el Ministerio de Justicia ha anunciado que atenderá a las demandas de los editores y periodistas y que buscará un texto alternativo para el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que según organizaciones como La FAPE, FOP o AEDE habían mostrado su inquietud porque ponía en peligro el derecho constitucional a la información. Tras una reunión entre las partes, se ha corroborado que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.
