El cambio de aires en política nos ha acostumbrado a poner en duda el statu quo. Los diferentes candidatos, también los pertenecientes a partidos tradicionales, han cuestionado sin tapujos las prácticas de un sistema que llevaba más de tres décadas acomodado. Y ante la consolidación de un eje discursivo entre lo nuevo y lo viejo, la retórica de ruptura ha dominado el lenguaje empleado en las alocuciones públicas.
Esta nueva forma de entender la política se ha centrado en propuestas para la regeneración democrática, y la crítica a la figura de los asesores y el personal de libre designación de las instituciones ha tenido especial incidencia. Las propuestas, a rasgos generales, parten de un lugar común: la eliminación de los cargos de confianza, esas denostadas figuras que tanto se asocian a la colocación de gente afín sin ningún tipo de bagaje relacionado con su actividad.
Los mecanismos de libre designación, regulados en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, sirven para promocionar y destinar a funcionarios de carrera en puestos de especial responsabilidad. A diferencia de estos, los denominados ‘asesores’ o personal laboral, se encuentran fuera del régimen estatutario de los funcionarios de carrera. Como se recoge en la legislación formulada a este efecto, son nombrados con el objetivo de ocupar puestos con funciones expresamente calificadas de confianza o de asesoramiento especial. Su nombramiento y cese, igualmente, está sometido a un menor control y a unos menores requisitos de publicidad.
Hasta ahora, han sido un buen número de alcaldes y políticos los que han renegado de la figura de los asesores y los jefes de gabinete (más a nivel mediático que programático, todo sea dicho) confundiendo, en la mayoría de los casos, la idea de gobiernos que actúan como agencias de colocación frente a instituciones que velan por el interés general y que cuentan con equipos expertos para una gestión pública seria, eficaz y conforme.
Las instituciones, para funcionar como la sociedad espera de ellas, necesitan de profesionales de la Comunicación política dedicados al interés general que puedan gestionar eficazmente su interacción con los grupos de interés, los medios de Comunicación y la sociedad civil. Del mismo modo, los gobernantes que las habitan, entendidos como servidores públicos, necesitan rodearse del personal de su confianza que les oriente en algo tan relevante como la toma de decisiones; un equipo que tienda a la especialización, que estudie los asuntos de una manera pausada y meditada, esos adjetivos que, por norma y por la actividad de las agendas y lo frenético de la actividad política, no suele estar en el día a día de nuestras instituciones y administraciones públicas.
Por Vicente Rodrigo, Public Affairs Manager en Weber Shandwick y miembro del Comité de Consultores y Asesores de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). @_VRodrigo / @WS_Spain / @compolitica
