La lucha contra el intrusismo laboral en el periodismo ha llegado a su punto más álgido en Panamá, luego de que un diputado oficialista presentara un polémico proyecto de ley que impone severas restricciones al ejercicio de esta profesión. El documento, discutido entre gremios de periodistas panameños, estipula una pena de dos a cinco años cárcel para los que ejerzan ilegalmente; es decir, sin haber estudiado la carrera.
Además, crea una Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP), que junto al gobierno de turno, decidirá quién puede ser acreditado como periodista profesional en Panamá, y limita a un plazo máximo de dos años de trabajo en esa nación a los extranjeros, incluyendo corresponsales, siempre y cuando hayan pasado una serie de trámites de evaluación definidos por la Comisión.
En el quinto artículo del polémico texto presentado por el diputado Juan Moya, del Partido Panameñista, se especifica que: “El extranjero que desee ejercer en territorio nacional como periodista, reportero gráfico, o en alguna posición dentro de un medio de comunicación, deberá contar con la acreditación profesional transitoria, otorgada por la CTAP”. Y agrega que: la licencia solo “será válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año; al término de la cual no podrá seguir ejerciendo la profesión en la República de Panamá”.
Reacciones
En una nota difundida por la agencia EFE, Luis Blanco, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP), fundada en 1964, advirtió que la aprobación de la Ley violaría la Constitución del país y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Si esta ley se aprobara, el premio Nobel de Literatura y periodista Gabriel García Márquez, ya fallecido, no podría ejercer en Panamá porque no tenía un título de periodista, y el otro premio nobel Mario Vargas Llosa no podría escribir hasta que la junta técnica se lo autorice, bajo riesgo de ir preso”.
Por su parte, Blanca Gómez, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), manifestó que aunque la propuesta tiene varios errores que están dispuestos a corregir, el único objetivo que persiguen es “dignificar a los profesionales panameños”.
Mientras se mantiene la controversia y el debate por la nueva ley traspasa las fronteras de Panamá, el actual presidente del país, Juan Carlos Varela, decidió lavarse las manos y tomar distancia al respecto. A través del ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, el mandatario declaró que “el Gobierno no tiene ningún interés en revivir instrumentos legales que fueron utilizados para censurar y coartar las libertades de los panameños”. Sin embargo, aclaró que en materias que afectan los derechos fundamentales deben tomarse todas las salvaguardas necesarias.
Seguiremos Informando…
